La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que pide al gobierno de Nicaragua liberar de manera “incondicional” a todos los presos por las protestas contra el presidente Daniel Ortega y avanzar en el diálogo con la oposición.
El texto fue aprobado por 20 votos a favor, tres en contra, entre ellos Nicaragua, 10 abstenciones y la ausencia de Trinidad y Tobago, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada para analizar la situación en el país centroamericano, sumido desde hace más de un año en una crisis política tras multitudinarias manifestaciones gubernamentales.
Ningún país centroamericano votó a favor y la mayoría de los países caribeños se abstuvo, al igual que Bolivia, o votó en contra.
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La resolución, presentada por Canadá, que preside el grupo de 12 países creado en agosto por el Consejo Permanente para buscar soluciones a la crisis en Nicaragua, destaca la preocupación por “el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua” y llama a las partes a avanzar “en un diálogo efectivo y de buena fe”.
Para esto, pide al gobierno de Ortega la liberación “incondicional” antes del 18 de junio de todos los presos por participar en las protestas, según lo acordado en las negociaciones con la oposición.
#INTERNACIONALES | La @OEA_oficial da a conocer que se lleva a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de esta entidad para "considerar la situación de Nicaragua". pic.twitter.com/VFzoTY8Cn0
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 11, 2019
También reclama que se permita el regreso a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expulsada del país en diciembre por documentar graves abusos.
Además, solicita al gobierno que inicie al proceso para la celebración de elecciones “libres, justas, transparentes y legítimas de conformidad con los estándares internacionales”, y que se den garantías para el libre ejercicio del derecho de manifestación pacífica y de libertad de expresión, así como el regreso “sin represalias” de todos los exiliados por la actual crisis.
La ola de protestas contra Ortega, iniciada en abril de 2018, desató una violenta represión estatal que ha dejado 325 muertos, centenares de detenidos y 62.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.