El Ministerio Público (MP) terminó con el análisis a la Ley de Aceptación de Cargos y concluyó que la Corte de Constitucionalidad (CC) debe declarar con lugar la Inconstitucionalidad que fue promovida por varias organizaciones en contra del decreto.
El 18 de noviembre 2019, la fiscal general Consuelo Porras reveló que la institución que dirige realizaría un análisis acerca de la Ley de Aceptación de Cargos, la cual, en ese entonces, había sido aprobada recientemente por el Congreso de la República.
#EUNacionales Pidió ser procesado como señalaba la Ley de Aceptación de Cargos.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 17, 2020
Y fue hasta este viernes que la vocera del MP, Julia Barrera, informó que el análisis había terminado y que la fiscalía consideraba necesario que la máxima Corte declare incosntitucional el decreto 10-2019.
Más de la ley
Con la aprobación de la ley el Congreso decidió tensar la justicia al legislar para que corruptos reduzcan sus penas si estos deciden aceptar su culpabilidad y resarcir el daño.
Tomada de una propuesta inicial que impulsaron el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -cuyo mandato en el país expiró en septiembre-, la iniciativa que reformó artículos del Código Procesal Penal ha vuelto a fortalecer a la impunidad, a decir de expertos, activistas y analistas que han rechazado lo actuado por el Legislativo.
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Un total de 81 diputados, entre quienes destacan Álvaro Arzú Escobar y Felipe Alejos, aprobaron la modificación que reduce hasta la mitad de la pena a quienes acepten los cargos imputados.
La norma excluyó delitos como genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de lesa humanidad, además de homicidio, parricidio, asesinato, violación, agresión sexual, pornografía, prostitución, narcotráfico, aborto, plagio o secuestro, extorsión, terrorismo, femicidio o trata de personas.
Esto dice la Fiscal acerca de la Ley de Aceptación de Cargos
Pero la asociación ilícita, el fraude o el lavado de dinero -la corrupción no está tipificada en el Código Penal- podrían recibir los beneficios recetados por el Congreso, tal como ya lo intentó en septiembre de 2017 cuando, luego de haber evitado el desafuero al presidente, Jimmy Morales, conmutaron penas a delitos como prostitución, pornografía infantil, hurto o fraude.
