Cuando F. supo que estaba embarazada por octava vez quiso llorar. Ama de casa y dependiente de su marido, se angustió durante tres semanas sobre qué hacer y llegaba siempre a la misma conclusión: “No puedo tener este hijo”. Sin embargo, actualmente, para ella lo más difícil fue descubrir lo hostil que Estados Unidos se ha vuelto contra el aborto.
“¿Qué opciones nos dejan?”, cuestionó la mujer de El Paso, en el conservador estado de Texas.
Luego de que la Corte Suprema anulara ese derecho el viernes, la expectativa es que más de la mitad de los estados ilegalicen el procedimiento, obligando a las mujeres a recorrer cientos de kilómetros para ir a estados liberales que, debido al sistema federal, pueden mantener en pie sus regulaciones locales.
F., que pidió anonimato para evitar ser juzgada, se sintió afortunada de encontrar una cita a 45 minutos de casa.
La Clínica de Salud Reproductiva de las Mujeres funciona desde 2015 en Santa Teresa, una pequeña ciudad de Nuevo México, fronteriza con Texas.
La localización es singular. Está en un estado donde el aborto es legal, pero a cinco minutos de la frontera con Texas donde el procedimiento es prohibido a partir de la sexta semana; cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas.
En la sala de espera de la clínica la mayoría de las mujeres llega sola y aguarda en silencio.
Las paredes en tonos cálidos contrastan con el uniforme fucsia de algunas enfermeras. Otras visten camisetas con el mapa de Texas y la leyenda: “La carga es injusta”.
Las pacientes dicen sentirse avergonzadas o juzgadas en sus entornos sociales, pero con máscaras cubriendo la mitad de los rostros, ganan anonimato.
Una a una, son llamadas por números y no por sus nombres.
Ataques por estigmatización sobre el aborto
“Lo más difícil para mí fue decidir como llegaría aquí, porque sé que hay mucho estigma”, dice Ehrece, una ingeniera de 35 años, quien viajó desde Dallas a más de mil kilómetros de distancia.
“Le pedí al taxista que me dejara en la estación de gasolina más adelante, y caminé hasta aquí, así no tendría como saber a donde iba”, dijo la joven que tiene novio y que no quiere iniciar una familia ahora por motivos profesionales.
Ehrece no exagera. La llamada “Ley del Latido del Corazón” vigente en Texas desde septiembre permite criminalizar a quien contribuya con el procedimiento, incluyendo choferes o personal médico.
“No te facilitan las cosas”, lamentó Emily, una profesora de yoga de 35 años que no quiere ser madre. “Antes de venir te preocupa que alguien te ataque fuera de la clínica o algún loco venga con un arma”.
Los cambios no asustan al doctor Franz Theard, a cargo de la clínica.
El obstetra de 73 años práctica abortos desde 1984, poco antes de que atacantes en Estados Unidos bombardearan clínicas y asesinaran médicos.
“Hemos tenido suerte de que el estado de Nuevo México tiene leyes muy liberales”, dice a AFP.
“Tenemos certificación para todo pero no nos persiguen. En Texas teníamos que reportar cada detalle mensualmente sobre cada paciente”.
Theard no realiza más cirugías, recetando sólo el aborto por pastillas, permitido hasta la décima semana en Nuevo México: un comprimido de Mifepristone, que impide el avance del embarazo, y cuatro de Misoprostol al día siguiente, que inducen al sangrado. El procedimiento cuesta 700 dólares, con algunas excepciones socioeconómicas.
Al igual que las enfermeras y asistentes de la clínica, Theard no teme represalias, ni se siente intimidado por las pocas personas que a diario están frente a su clínica instando a las pacientes a repensar su decisión.
Adentro, el teléfono no para.
“¿Cuántas semanas tiene?”, pregunta la asistente Rocío Negrete al teléfono. “Tenemos citas pero sólo podemos atenderte si es hasta la semana diez”, prosigue. El diálogo se repite varias veces al día.
Negrete afirma que con las restricciones, aumentó el número de pacientes de otros estados.
Pero algunas mujeres, por miedo o motivos económicos, cruzan otra frontera.
“Es extenuante”
A media hora de carro, en la mexicana fronteriza Ciudad Juárez, algunas farmacias venden sin prescripción el Misoprostol, indicado también para tratar úlceras. La caja de 28 pastillas cuesta entre 20 y 50 dólares. El Mifepristone no está disponible abiertamente, pero es ofrecido de forma ilícita.
“Las mujeres compran esto y no saben como tomarlo”, dijo un farmacéutico de la efervescente Ciudad Juárez con una caja de Misoprostol en las manos. “Es un peligro, pueden entrar en hemorragia, por eso es mejor que se vean con un médico”.
En Santa Teresa, las mujeres, con diferentes contextos y circunstancias económicas, coinciden en que de allí la importancia de la legalidad del procedimiento y de acabar con el estigma.
“Si una mujer quiere abortar, lo hará. Habrá todo tipo de alternativas ilegales, con las que una mujer puede hasta morir”, dice Ehrece. “Es extenuante. No tiene sentido que en 2022 no podamos tomar nuestras propias decisiones”.
