Representantes de entes de análisis se reunieron este miércoles en la sede del Congreso de la República con diputados de diferentes bloques legislativos con el fin de analizar los costos de la corrupción.
El diputado Bernardo Arévalo, quien lideró el encuentro, indicó que un estudio reveló que al menos el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Centroamérica se va a la corrupción.
“En Guatemala sería el equivalente al menos del 30% del presupuesto del Estado”, resaltó el parlamentario.
En el encuentro estuvieron presentes delegados del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Fundación 2020, Asociación de Investigación y Estudios Sociales y del Laboratorio de Medios.
Diputados de diferentes bloques legislativos se reúne con representantes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Fundación 2020, Asociación de Investigación y Estudios Sociales y del Laboratorio de Medios, para analizar los costos de la corrupción. pic.twitter.com/IldcN5GNao
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) July 13, 2022
Presentan campaña contra corrupción
Organizaciones lanzaron en junio pasado la campaña de concientización y movilización denominada “Sí a la dignidad, no a la corrupción”.
El objetivo es enviar un mensaje de solidaridad ante la situación del país e instar a la población a pronunciarse en rechazo a las irregularidades en la administración pública y plantear posibles soluciones.
Se trata de una iniciativa promovida por la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala (Confregua), el Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado, Amerindia Guatemala y la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC).
Representantes de las agrupaciones expusieron que Guatemala vive momentos complicados, marcados por la violencia y la desigualdad social, así como los ataques contra las garantías individuales y colectivas.
“(Existe) un franco deterioro y cierre de espacios democráticos, que de no actuar organizada y concienzudamente seguirán enrutando al país a un peligroso punto de no retorno”, expresaron.
Añadieron que a esto se suma la persecución penal a operadores de justicia anticorrupción, procesos viciados y violentos para imponer a autoridades como las del Ministerio Público y la Universidad de San Carlos de Guatemala que, en su opinión, se enfocan en complacer a ciertos sectores privilegiados.
