La Policía Nacional Civil (PNC) emitió un pronunciamiento este lunes, 19 de octubre, para dar a conocer las medidas que se han tomado tras el ataque armado ocurrido el pasado fin de semana en el Campo Marte, en el que murieron el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal, Juan Francisco Solórzano Foppa, y Gustavo Aguilar Gamarro.
La institución explicó que trabaja en el esclarecimiento de los hechos, por lo cual equipos especializados de la Inspectoría General (IG) y de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) se encuentran desplegados, trabajando de manera coordinada en las labores de investigación interna y externa para esclarecer con celeridad el caso en el que perdieron la vida los ciudadanos.
"Además, las unidades de investigación y supervisión evalúan minuciosamente el procedimiento de captura de los hermanos Choc, garantizando que todo actuar se apegue estrictamente al marco legal y al respeto de las garantías fundamentales", detalló.
Las personas a las que se hace referencia fueron capturadas bajo señalamientos de ser presuntas responsables del doble crimen; sin embargo, las autoridades judiciales consideraron que no existían indicios que respaldaran su posible vinculación con el hecho de violencia y dictaron falta de mérito a su favor, lo que les permitió recuperar su libertad.
Los hermanos fueron arrestados en otro sector alejado al lugar del asesinato con una presunta arma en su poder y desde su captura mantuvieron su inocencia, argumentando que se dedican a la entrega de comida a domicilio.
Gestionan adquisición de equipo tecnológico
En medio de los procedimientos realizados tras los asesinatos de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, han surgido cuestionamientos sobre el actuar policial y cómo se dieron las capturas de los hermanos Choc, quienes dijeron desconocer de dónde salió el arma que supuestamente fue encontrada en su mochila de reparto.
Las investigaciones continúan en desarrollo para esclarecer lo ocurrido y el caso fue declarado bajo reserva, es decir, sin la posibilidad de divulgarse datos públicos.
En ese contexto, la PNC resaltó su compromiso con la transparencia operativa y la innovación tecnológica, por lo que anunció que gestiona la adquisición urgente de cámaras corporales (body cams) para ser portadas por el personal policial en sus uniformes, así como sistemas de videovigilancia para las patrullas.
La institución aseguró que esa medida tecnológica busca generar confianza ciudadana, dotar de evidencias objetivas a cada procedimiento y respaldar la actuación de las fuerzas de seguridad. Además, señaló que la implementación de estos equipos es una "necesidad imperiosa" para evitar injusticias contra la población, pero también para proteger e impedir arbitrariedades o falsas acusaciones en contra de los agentes que cumplen con su deber.
La compra se hará por los medios y procedimientos normativos más ágiles y, como parte de las gestiones necesarias, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, dispuso requerir la asignación y disponibilidad de los recursos financieros ante las instancias correspondientes.
En el cierre del comunicado, se citó este mensaje del jefe policial: "Servir es mi responsabilidad, guiarlos y estar con los buenos agentes es un honor, castigar y evidenciar a los malos es mi deber".
