Siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron apartados de sus funciones mientras avanzan las investigaciones para que el Ministerio Público (MP) determine la supuesta implantación de un arma de fuego en el operativo implementando en seguimiento del ataque armado ocurrido el pasado fin de semana en el Campo Marte, zona 5 capitalina.
La información fue revelada este miércoles, 21 de octubre, por el subinspector Edwin Jacinto tras participar en una citación en el Congreso de la República, en la que se abordó este hecho de violencia que cobró la vida del exfiscal y exsuperintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, y el exjudoca Gustavo Aguilar Gamarro.
"Partiendo primero de la presunción de inocencia, pues no se puede determinar. Pero para que no se vea como interferencia de la misma institución, son apartados de sus labores ordinarias y son relegados al Distrito Central para que sea Inspectoría General, Investigación Criminal y el Ministerio Público los que determinen sobre esta situación que se está mencionando de la posible implantación del arma", explicó el funcionario policial.
Gestionan adquisición de cámaras corporales para policías
La PNC aseguró ayer que buscará la pronta implementación de cámaras corporales para sus agentes después de la detención de dos hermanos acusados erróneamente del asesinato el pasado sábado del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.
En un comunicado, la institución puntualizó que "se agilizará" la adquisición de las cámaras corporales, al igual que un "sistema de videovigilancia" para las patrullas.
"La implementación de tecnología de grabación en los uniformes policiales es una necesidad imperiosa para evitar injusticias contra la población, pero también para proteger e impedir arbitrariedades o falsas acusaciones en contra de los agentes que cumplen dignamente con su deber", expuso el comunicado de la Policía guatemalteca.
El director de las fuerzas de seguridad, David Custodio Boteo, explicó que buscarán los recursos financieros necesarios para la adquisición de las cámaras en los más de 40 mil agentes de Policía que resguardan la seguridad del país.
El anuncio llega después de que el sábado fueran detenidos dos hermanos, repartidores de comida, sindicados como los asesinos de Solórzano Foppa, supuestamente con un arma de fuego en su poder a varios kilómetros de distancia de la escena del crimen.
