Édgar Ortiz, abogado y analista político, denunció a través de sus redes sociales este miércoles 21 de octubre, que son víctimas de seguimiento y amenazas, tan graves, que se vieron obligados a suspender eventos de Poder Ciudadano, plataforma a través de la cual recolectaron firmas para transformar de raíz el sistema político y social del país.
"En los últimos meses hemos recibido amenazas algunas fueron tan serias que nos obligaron a cancelar eventos de recolección de firmas", manifestó Ortiz, por lo que en septiembre pasado, presentaron una denuncia en el Ministerio Público (MP); sin embargo los seguimientos continuaron.
El abogado explicó que gracias a las medidas de seguridad que adoptaron, han identificado y documentado en varias oportunidades a las personas que los siguen, "Hay gente que nos sigue y que nos toma fotografías para documentar nuestra ubicación en tiempo real y nuestros movimientos, muchas familias guatemaltecas viven el problema de la inseguridad y ahora nosotros también lo estamos viviendo", manifestó.
Ortíz agregó que la información será trasladada a la Fiscalía para individualice a los responsables, además cómo consecuencia de estos seguimientos y amenazas decidieron cancelar el Congreso Ciudadano, programado para el próximo 31 de octubre.
"Estos ataques y estas amenazas son una muestra de lo importante del trabajo que estamos haciendo, agradezco a los centenares de voluntarios que hicieron posible esta reforma a la justicia", indicó Ortíz.
El abogado también agradeció a las personas que han mostrado su apoyo y su solidaridad, "No dejaremos que estas amenazas y esas intimidaciones detengan el sueño que todos tenemos de vivir en un mejor país", expresó.
Recolección de firmas
Ciudadanos de diferentes sectores realizaron una movilización significativa al lanzar una campaña de recolección de firmas que busca transformar de raíz el sistema político y social del país a través de una reforma constitucional. Diversas organizaciones, agrupadas bajo la consigna de Poder Ciudadano, lideran la iniciativa que pretende canalizar el descontento social hacia un cambio legal y pacífico.
La campaña busca que el Congreso que debata modificaciones a la Constitución o, en su defecto, convoque a un referéndum popular.
