Ciudadanos de diferentes sectores comenzaron una movilización significativa al lanzar una campaña de recolección de firmas que busca transformar de raíz el sistema político y social del país a través de una reforma constitucional. Diversas organizaciones, agrupadas bajo la consigna de Poder Ciudadano, lideran la iniciativa que pretende canalizar el descontento social hacia un cambio legal y pacífico.
La campaña apunta a alcanzar el número de firmas requerido por ley para que el Congreso debata modificaciones a la Constitución o, en su defecto, convoque a un referéndum popular. Durante el pasado fin de semana, la asociación Poder Ciudadano organizó una convocatoria masiva que permitió reunir ya tres mil firmas, según destacó Edgar Ortiz, abogado y analista político, en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Propuesta central: eliminar las comisiones de postulación
Ortiz señaló que el mecanismo constitucional permite que al menos cinco mil ciudadanos propongan una reforma. "Ya tenemos tres mil firmas entre sábado y domingo", informó, agregando que continuarán recolectando durante dos meses más. La propuesta completa está disponible en el sitio web de la organización para que cualquier interesado pueda conocerla y adherirse.
El eje de la propuesta es suprimir las comisiones de postulación, consideradas uno de los mayores obstáculos para la justicia. Según Ortiz, proponen reemplazarlas por un sistema de carrera judicial basado en exámenes objetivos y méritos, tal como funciona en varios países latinoamericanos y europeos con sistemas judiciales sólidos.
Actualmente, en Guatemala, jueces de paz y de primera instancia ingresan a través de exámenes, pero sus ascensos dependen de la selección por comisiones y la designación final recae en el Congreso, lo que evita una carrera judicial real.
Reducir la influencia política y universitaria en la justicia
La reforma también busca minimizar la intervención de sectores políticos y académicos en la selección de magistrados. Ortiz explicó que proponen retirar a la Universidad de San Carlos de la Corte de Constitucionalidad, así como eliminar la participación de universidades privadas en estos procesos.
"En el momento en que se incluyó a las universidades en las designaciones judiciales había menos, hoy son una cantidad enorme y sin control de calidad", argumentó. Según el abogado, excluirlas es clave para reformar tanto la universidad pública como el proceso judicial.
El punto más crítico es, según Ortiz, el poder que actualmente ostenta el Legislativo al elegir magistrados. "Cada cinco años el Congreso elige a los trece magistrados de la Corte Suprema y a más de doscientos cincuenta magistrados de la Corte de Apelaciones. Prácticamente en una sola sesión pueden designar alrededor de trescientos jueces de apelación", detalló, planteando que esto perpetúa la influencia política en la justicia.
Campaña ciudadana y obstáculos políticos
La movilización enfrenta desafíos políticos, particularmente el rechazo proveniente de actores que perderían poder, como universidades y sectores del Congreso. La estrategia de la campaña consiste en ofrecer una alternativa reconocida internacionalmente: un proceso de ascensos y nombramientos basado exclusivamente en méritos y exámenes —sin injerencia de actores externos—, lo que representaría una transformación significativa para el sistema de justicia nacional.
Ortiz recalcó que la demanda social por mejor justicia se canaliza en esta propuesta ciudadana, esperando que el creciente apoyo logre que la iniciativa sea debatida en el Congreso o, en última instancia, sometida a referéndum popular, como lo establece la Constitución actual.
