El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) expresó su profunda preocupación y solidaridad por las amenazas y seguimientos denunciados públicamente por el abogado Edgar Ortiz Romero.
"Estos hechos, ante el contexto que vive Guatemala constituyen situaciones que exigen una respuesta inmediata, firme y efectiva por parte de las instituciones del Estado.", indicó el Colegio.
El CANG indicó que ante la gravedad de las denuncias, exige al Ministerio Público una investigación pronta, exhaustiva, objetiva e independiente, que permita esclarecer plenamente los hechos, identificar a los responsables y deducir las responsabilidades penales que correspondan.
También exigieron al Ministerio de Gobernación que adopte, las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida y la integridad personal del abogado Ortiz Romero y de su equipo de trabajo.
"Las amenazas, la intimidación y cualquier intento de amedrentar a quienes participan en asuntos de interés público son incompatibles con un Estado democrático y de Derecho. Ninguna persona debe ser objeto de hostigamiento por ejercer sus derechos, expresar sus opiniones o participar en el debate público.", agregó el CANG en un comunicado.
La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) también expresó su preocupación y condena las amenazas e intimidaciones denunciadas por la organización Poder Ciudadano, contra sus fundadores, Edgar Ortiz Romero y Marjorie Von Ahn.
"La libertad de expresión es un derecho fundamental que pertenece a todos los guatemaltecos, sin excepción. No es un privilegio de periodistas ni de medios de comunicación, sino una garantía constitucional de cada ciudadano, consagrada en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Toda persona tiene derecho a expresar sus ideas, opiniones y críticas sin temor a amenazas, represalias o intimidaciones.", manifestó dicha Cámara.
La Cámara Guatemalteca de Periodismo exigió al Ministerio Público investigaciones inmediatas y al Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y demás autoridades garantizar la seguridad, integridad y vida de los afectados.
