Los diputados del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentaron este viernes, 23 de octubre, un amparo preventivo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para exigirles a las autoridades que implementen acciones para proteger los derechos fundamentales de la población. Indicaron que la acción fue planteada tomando en cuenta los índices de inseguridad en el país.
José Inés Castillo, jefe del bloque verde, explicó que decidieron acudir ante el alto tribunal debido a la coyuntura nacional, pues consideraron que existen amenazas a los derechos contra la vida, la integridad física y la seguridad de los guatemaltecos.
El legislador hizo referencia a que son múltiples los hechos de violencia que se han registrado recientemente, incluyendo el asesinato del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue atacado a balazos en el Campo Marte el pasado fin de semana. En el hecho también perdió la vida el exjudoca Gustavo Aguilar.
"Dar un plazo ante el incumplimiento de cumplir la atribución que la Constitución les manda, ordenar la destitución de estos funcionarios. Es una tragedia lo que está pasando en el país. Guatemala está viviendo momentos oscuros. Pareciera que está regresando a los años setenta y ochenta ante lo que está pasando", expresó.
Castillo indicó que la acción promovida busca que la Corte les ordene al presidente de la República, Bernardo Arévalo; y a los ministros de Gobernación, Marco Villeda; y de Defensa Nacional, Henry Sáenz, que cumplan las atribuciones para las que fueron designados.
Piden cumplimiento de las obligaciones
El documento entregado a la CC detalla que se les atribuye a los funcionarios la posible omisión del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de proteger a la población, preservar la seguridad pública y mantener el orden público.
En ese sentido, los parlamentarios solicitaron al pleno que se tenga por promovida la acción constitucional de amparo contra el Presidente y los dos ministros, "por ser las autoridades a las que se les atribuye las amenazas denunciadas como actos reclamados".
También pidieron que se requiera a las autoridades impugnadas que, en el plazo de 48 horas, rindan informe circunstanciado, con documentos de soporte, bajo apercibimiento de que, si no se pronuncian con relación a la veracidad de los hechos, será procedente otorgar la protección interina solicitada.
"Que se ordene a las autoridades impugnadas que de forma inmediata y sin dilaciones de ningún tipo cumplan con el mandato constitucional y legal de garantizar la vida, la integridad y seguridad de las personas y tomen las acciones necesarias dentro del ámbito constitucional y legal de garantizar la vida, la integridad y seguridad de las personas y tomen las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para que la población guatemalteca disponga de una respuesta estatal coordinada, seria y verificable frente a la grave ola de violencia que atraviesa, de manera que las respuestas institucionales sean firmes para enfrentar el crimen organizado, pero también suficientemente respetuosa de la Constitución para preservar el Estado de derecho que las autoridades están obligadas a defender", se expone en el amparo.
Finalmente, refiere que lo anterior se deberá hacer bajo apercibimiento que, en caso de no cumplir ni garantizar los derechos de vida, integridad y seguridad de la población guatemalteca, se les deducirán las responsabilidades legales que correspondan.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7
