Durante la Instancia de Jefes de Bloque y la Junta Directiva del Congreso de la República, de este lunes 9 de noviembre, el presidente del Congreso, Luis Contrera, informó que fueron presentadas objeciones y observaciones en contra del Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, aprobado la semana pasada.
El presidente del Congreso, Luis Contreras informó que se recibieron objeciones presentadas a la Ley de Ciberseguridad aprobada recientemente. Entre los diputados que enviaron objeciones se encuentra el diputado Ronald Portillo,
Contreras detalló que fueron presentadas más de 100 objeciones por el diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos, las cuales serán conocidas este martes 9 de noviembre por el Pleno.
El titular del Legislativo señaló que, por el momento, se desconoce el contenido de los planteamientos presentados; sin embargo, reiteró que los diputados tienen la facultad de formular este tipo de objeciones en el marco de sus atribuciones. Será el Pleno el encargado de conocerlas y determinar las acciones correspondientes, conforme al procedimiento legislativo.
La ley contempla la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber), como instancia encargada de tomar decisiones sobre asuntos de interés nacional en esta materia, que estará integrado por el Presidente de la República, que lo presidirá, así como los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Finanzas Públicas y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; el Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado; y se establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber), quien fungirá como secretario del consejo.
De acuerdo con la estructura propuesta, el Ministerio de Gobernación será el ente rector sectorial y la Diciber como órgano técnico-operativo adscrito a esa cartera. La entidad tendría funciones relacionadas con el desarrollo de políticas, estrategias y protocolos, así como la coordinación de acciones de prevención y respuesta.
A este esquema se sumará el centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad de Guatemala (Cric-gt), que sería creado como el centro nacional especializado para atender y coordinar la respuesta ante incidentes, el cual deberá estar en funcionamiento dentro de los 18 meses posteriores a la entrada en vigor de la ley.
El proyecto también establece una diferencia entre ciberseguridad y ciberdefensa. Mientras la estructura de ciberseguridad estaría articulada mediante el Conciber, Gobernación, Diciber y el Cric-gt; el Ministerio de la Defensa Nacional tendrá funciones específicas en materia de ciberdefensa con la creación de una unidad especializada.
El proyecto también planteaba la creación de una fiscalía especializada en el Ministerio Público (MP) para la investigación de ciberdelitos; además, de una RED 24/7 Guatemala, que funcionaría como punto de contacto permanente para facilitar asistencia en investigaciones relacionadas con delitos informáticos y evidencia digital.
También propone una unidad especializada de informática forense en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y órganos jurisdiccionales especializados en la materia. El proyecto incorpora además modificaciones al marco penal y procesal, un régimen de sanciones administrativas y mecanismos de cooperación internacional para investigaciones relacionadas con delitos informáticos.
