El Pleno del Congreso aprobó durante la sesión de este martes 3 de noviembre, una moción privilegiada para conocer de urgencia nacional y en único debate la Iniciativa 6347, que contiene la Ley de Ciberseguridad.
Los diputados aprobaron los 96 artículos y sus enmiendas, en los cuales se plantean disposiciones que abarcan desde la organización de las instituciones responsables hasta la prevención, investigación y sanción de conductas relacionadas con la ciberseguridad.
Pasadas las 22:00 horas los diputados continuaban con la lectura en redacción final de dicha ley.
Los diputados aprobaron castigar con penas de dos a cuatro años de prisión la suplantación o apropiación de identidad de personas individuales o jurídicas, mediante sistemas informáticos, sanción que aumentaría de tres a seis años, cuando el delito se cometa vulnerando medidas de seguridad.
Dentro de los artículos aprobados también se propone imponer penas de tres a seis años de prisión por el abuso de dispositivos, programas informáticos, contraseñas o códigos de acceso utilizados para cometer o facilitar delitos informáticos, siempre que exista la intención de cometer alguno de los ilícitos contemplados en la iniciativa.
La ley contempla la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber), como instancia encargada de tomar decisiones sobre asuntos de interés nacional en esta materia, que estará integrado por el Presidente de la República, que lo presidirá, así como los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Finanzas Públicas y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; el Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado; y se establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber), quien fungirá como secretario del consejo.
De acuerdo con la estructura propuesta, el Ministerio de Gobernación será el ente rector sectorial y la Diciber como órgano técnico-operativo adscrito a esa cartera. La entidad tendría funciones relacionadas con el desarrollo de políticas, estrategias y protocolos, así como la coordinación de acciones de prevención y respuesta.
A este esquema se sumará el centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad de Guatemala (Cric-gt), que sería creado como el centro nacional especializado para atender y coordinar la respuesta ante incidentes, el cual deberá estar en funcionamiento dentro de los 18 meses posteriores a la entrada en vigor de la ley.
El proyecto también establece una diferencia entre ciberseguridad y ciberdefensa. Mientras la estructura de ciberseguridad estaría articulada mediante el Conciber, Gobernación, Diciber y el Cric-gt; el Ministerio de la Defensa Nacional tendrá funciones específicas en materia de ciberdefensa con la creación de una unidad especializada.
El proyecto también planteaba la creación de una fiscalía especializada en el Ministerio Público (MP) para la investigación de ciberdelitos; además, de una RED 24/7 Guatemala, que funcionaría como punto de contacto permanente para facilitar asistencia en investigaciones relacionadas con delitos informáticos y evidencia digital.
También propone una unidad especializada de informática forense en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y órganos jurisdiccionales especializados en la materia. El proyecto incorpora además modificaciones al marco penal y procesal, un régimen de sanciones administrativas y mecanismos de cooperación internacional para investigaciones relacionadas con delitos informáticos.
Con información de Congreso y Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*
