La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo resolvió este jueves 12 de noviembre que no tiene validez la lesividad presentada por la exfiscal general, Consuelo Porras, por el edificio del Ministerio Público (MP), ubicado en la zona 5 capitalina. Asimismo, determinó que el uso del inmueble queda a disposición del ente investigador.
La sala declaró con lugar la solicitud presentada por la entidad Bertram, S. A., por lo que quedó sin efecto el acuerdo emitido por Porras en el 2020, a través del cual declaraba como lesivo el contrato de compra-venta de la referida propiedad.
La compañía argumentó en la acción legal que promovió que la declaración emitida durante la gestión de Porras no reúne los procedimientos de ley y contraviene lo definido en el contrato de adquisición.
Al entrar a conocer el planteamiento, la sala advirtió que la declaración de lesividad debía estar respaldada por los elementos correspondientes y tendría que haberse discutido el tema en la audiencia respectiva, donde además se tuvieron que presentar los elementos para probarlo; sin embargo, indicó que esto no ocurrió. En ese sentido, los magistrados sostuvieron que no se acreditó la lesividad por la compra del edificio administrativo.
Reciente resolución por caso del edificio del MP
El Juzgado Segundo Penal emitió el pasado 9 de noviembre una sentencia condenatoria en contra de William Balz Gallardo, implicado en el caso de la supuesta compra irregular de un edificio para uso del Ministerio Público.
Durante la audiencia se le dio seguimiento a la solicitud de la defensa para que el sindicado se pudiera someter al procedimiento especial de aceptación de cargos. En ese sentido, se admitió que incurrió en acciones que se enmarcan dentro del delito de testaferrato.
El juez Mario Hichos escuchó los planteamientos de las partes y posteriormente dio a conocer el fallo en el que condenó a Balz Gallardo a seis años de prisión y el pago de una multa de 125 mil quetzales. Sin embargo, tomando en cuenta que aceptó los hechos que le fueron imputados, la pena fue reducida a cuatro años de cárcel conmutables y el monto de la sanción se redujo a 83 mil 500 quetzales.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7
