El Congreso votó ayer en contra de retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales, por financiamiento electoral ilícito de que lo acusa el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y cuyas investigaciones fueron fundamentadas por el Ministerio Público (MP).
El resultado final fue de 25 votos a favor de retirarle el fuero y 104 en contra. Otros 29 diputados no participación en la sesión ordinaria o se salieron del hemiciclo.
Alejandro Rodríguez, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, y Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, estuvieron como invitados en el programa A Primera Hora para analizar el caso.
- ¿Qué leerse que esta votación… es un pacto político o una alianza de coyuntura?
- ¿Qué lectura tiene este proceso de antejuicio: Es fortalecimiento institucional o es la debilitación del sistema?
- ¿Podría reactivarse el proceso de antejuicio contra el mandatario?
- ¿Quién y cuándo podría hacerlo?
- ¿El Presidente podría estar a merced de los diputados que votaron en contra de retirarle la inmunidad?
Estas y otras interrogantes son respondidas por los analistas invitados.
ALEJANDRO RODRÍGUEZ
¿Cómo queda el Legislativo ante este panorama?
Se evidencia una pérdida total de legitimidad del Congreso. Es una instancia donde se privilegian los intereses personales y de los grupos oscuros que han financiado a los partidos.
Lo que se está cuestionando es el sistema electoral y el financiamiento electoral. Todos los partidos lo han tenido. Por lo menos los partidos más grandes han tenido financiamiento, y ahora tienen un pacto de impunidad. En Guatemala las fuerzas del crimen organizado han logrado cooptar el sistema político.
Se vio con el Partido Patriota (PP). En la Cooptación del Estado se vio como se manejan las cosas en el país, y eso mismo se está viendo ahora. Lo que estamos viendo es un pacto de impunidad.
La resolución del Congreso es un proceso ilegítimo e ilegal, y lo que procede es una acción constitucional de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC).
El Presidente como rehén de los diputados
Podemos especular cómo se obtuvieron los 104 votos. Pero la decisión no es jurídica, sino absolutamente política. Existían indicios suficientes para decretar el antejuicio.
Pero eso no es una decisión política, sino si está o no fundamentado el expediente. Hasta la Comisión Pesquisidora llega a concluir en que existen indicios suficientes para desaforar al mandatario. Por esta razón esa decisión debe ser llevada a la CC, porque no es una que determina el beneficio del país.
¿El origen del antejuicio era eminente político…?
Ese es un argumento falaz y una excusa para evitar dar con lugar el antejuicio. Debe entenderse que esta investigación comenzó en el TSE. También hay reportes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en los cuales se determinó que hubo transacciones financieras sospechosas hacia el FCN.
La investigación llevaba tiempo de ser desarrollada y lo más importante: determina la responsabilidad del Presidente porque hubo una negativa de presentar informes y proporcionar la información necesaria para hacer la auditoría del FCN.
Es una simple justificación. La investigación comenzó en el TSE, no en Ministerio Público (MP) ni en Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
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¿Debe o no haber amparo por la decisión del Congreso?
Estamos en un estado y democrático y de Derecho, en donde todas las actuaciones deben estar enmarcadas en la Ley. La Ley de Amparo dice que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo.
Hasta el 2015 ningún amparo era declarado con lugar. Se quedaban en la CSJ. Ni siquiera llegaban al Congreso. Cuando se dieron los casos de Gudy Rivera, Roxana Baldetti, y Otto Pérez Molina, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se vio obligada por decisión de la CC, a tramitar un amparo.
Lo que hay que tener presente es que el antejuicio no debe convertirse en un escudo protector de criminales. Con base en lo que la ley de amparo dice: ‘no hay ámbito que no sea susceptible de amparo’, cuando encontramos una acción ilegítima, ilegal y negociada, hay que hacer uso del amparo.
No hay un cierre de la investigación
El hecho que se haya dado ‘no ha lugar’ del antejuicio no impide que se investigue la situación del FCN, porque hay muchas personas involucradas. La investigación va a continuar.
Tenemos qué entender que el antejuicio es una prerrogativa que impide que el Presidente pueda ser detenido. Pero este delito, del FCN, es de amplitud. No sabemos si hay otras personas involucradas. Además, entendemos que algunos de los financistas han tenido negocios y contratos millonarios vinculados con Alejandro Sinibaldi que se establece con la empresa Cosisa.
Ahora no pueden investigar al Presidente, pero sí el fenómeno delictivo. Y cuando ya no sea presidente, sí pueden hacerlo.
FRANCISCO QUEZADA
Como lee en la crisis política de lo que ocurre en el Congreso
El tema podría complicarse. Toda acción tiene una reacción. En el Congreso llama la atención de cómo los diputados se alinearon con muchos pasos adelante.
Es difícil que la instancia de jefes de bloque se pongan de acuerdo y ahora lo hicieron. Una estrategia tan bien definida y alineada. La totalidad de sus miembros cerraron filas.
La CSJ, desde que el expediente estaba ahí, y tenían 8 días para resolver, lo magistrados lo conocieron de inmediato y lo envían al Congreso. Aquí, romper una sesión ordinaria con dos terceras partes, de interpelación, es inaudito.
La rompen para un tema privilegiado con el concurso de todos los partidos, fijan plazo para la Pesquisidora. Al día siguiente, la sesión rompe la interpelación y emiten el voto. Eso no se da cualquier día en el Congreso. Yo no alcanzo a dimensionar los intereses que hay detrás de todo esto.
La disciplina de los partidos es impresionante
En la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) la disciplina pudo haber sido: unos de un lado y otros del otro lado. Así, la UNE queda bien con ambos lados. Ser complaciente con una corriente y también estar a favor del Presidente.
Luego, se logran los 104 votos. El mensaje subliminal de 104 votos. Eso es tremendo. Es como cuando yo estaba en el colegio y el profesor me calificaba con 59 puntos. Por un voto hubiéramos podido retirar para siempre este caso, pero no. Queda la posibilidad de volverlo a discutir en el pleno.
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¿Había tiempo suficiente para leer el informe?
Las 40 páginas de que consta el informe era posible leerlas en un momento, pero uno puede tener dudas y tener la necesidad de ver el expediente. El informe hace un relato de las entrevistas que se hicieron y concluye. No es que pudieran mentir en el informe, pero pudieron dejar alguna duda.
El informe tiene que hacer un resumen y trasladarlo al pleno. Tienen que concluir. Los que hicieron la investigación no concluyen. Decía que tenía matices políticos, pero también que debería conocerse por un juez penal. Hay por lo menos dos mensajes claros.
¿Qué negociaron?
La negociación política es válida, porque el Congreso es una instancia política. El problema es qué negociaron, si es materia lícita o ilícita.
Pero esto es un juicio político, no legal. Los argumentos no deben estar apegados a una norma. La Ley de Materia de Antejuicio determina que los diputados no van a actuar como magistrados ni como jueces.
“Hay un tema grave y para que no se malinterprete…”
El Congreso emite una resolución política, no ilegal. Cuando hay una resolución jurídica y se quiere saber qué tan legal es, hay que compararla con la norma. En el caso del Congreso hay que ver si la negociación es legítima o ilegítima. Al final tenemos que aceptar el juicio político.
Lo grave del tema es que la CC, hace unos años estableció que cuando se decidía no retirar la inmunidad, no podría volver a revisarse el caso, porque se convertía en cosa juzgada.
Este no es este caso, pero aquello tiene tal alcance que cierra cualquier revisión. Lo preocupante es que ahora resulta que tiene más fuerza la decisión del Congreso que cualquier instancia judicial.
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