España celebra este jueves su fiesta nacional en plena crisis entre los dirigentes catalanes y el gobierno español, que les dio una semana para echarse atrás en su proyecto independentista si quieren evitar la suspensión del autogobierno de la región.
El Día de la Hispanidad, en memoria de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, se acompaña tradicionalmente de un desfile militar presidido por el jefe del gobierno español Mariano Rajoy y por el rey Felipe VI en Madrid.
Las fuerzas armadas desfilaron por el céntrico paseo de la Castellana, acompañadas por primera vez en 30 años por la Policía Nacional, justo dos semanas después de su dura intervención para impedir el referéndum de autodeterminación prohibido en Cataluña.
En Barcelona, también había previstas dos manifestaciones por la unidad de España, apenas cuatro días después de una enorme marcha de cientos de miles de personas para rechazar el proyecto independentista.
– Ultimátum a Puigdemont –
Las relaciones entre esa región del noreste de España y el poder central pasan por su peor momento desde la vuelta de la democracia al país, que favoreció la recuperación del autogobierno en Cataluña suspendido durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Esta autonomía, motivo de orgullo para gran parte de los catalanes, puede tener los días contados ante el ultimátum lanzado por Rajoy al presidente catalán Carles Puigdemont para “clarificar” si declaró o no la independencia.
Dispone hasta el lunes de margen. Si no contesta o responde afirmativamente, tendrá una prórroga hasta el jueves 19 de octubre para rectificar antes de que Madrid tome el control de la región a través del artículo 155 de la Constitución española.
El martes, en una confusa jornada en el parlamento catalán, Puigdemont dejó en suspenso la declaración de independecia a la que se había comprometido tras el referéndum inconstitucional del 1 de octubre, en el que ganó el sí con un 90% de votos y una participación del 43% según su gobierno.
El presidente regional dijo asumir “el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República” pero pidió suspender “los efectos de la declaración de independencia” para intentar un diálogo con Madrid.
Sin embargo, justo después, firmó una declaración de independencia junto al resto de diputados separatistas que, según el portavoz de su ejecutivo, tuvo solamente carácter “simbólico”.
Puigdemont insiste en resolver a través de una mediación internacional este conflicto, iniciado en 2012 ante el rechazo de Madrid a un referéndum de autodeterminación ampliamente reclamado en Cataluña, dividida casi a partes iguales sobre la independencia.
“No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia”, aseveró Rajoy.
Puigdemont, presionado por su propio campo para seguir adelante con la secesión, respondió por Twitter: “Pides diálogo y te responden poniendo el artículo 155 encima de la mesa. Entendido”.
– Presión internacional y económica –
La Unión Europea, ya sacudida por el Brexit, sigue la crisis con inquietud. La Comisión Europea pidió “pleno respeto del orden constitucional español” y París, Berlín y Roma denunciaron el carácter “ilegal” e “inaceptable” de una declaración de independencia.
También Estados Unidos mostró su apoyo a “una España fuerte e unida” en un mensaje del secretario de Estado, Rex Tillerson, para felicitar la fiesta nacional.
Dentro del país, Rajoy recibió el apoyo del principal partido de la oposición, los socialistas, que también arrancaron del mandatario un compromiso para iniciar una reforma de la Constitución en aras de solucionar esta crisis que afecta de pleno la economía.
Decenas de empresas de Cataluña, con un 19% del PIB español, cambiaron su sede a otras regiones del país y el fundamental sector turístico registra un descenso en las reservas.
Madrid dispone de otras medidas para frenar el independentismo: desde decretar un estado de emergencia hasta la detención de Carles Puigdemont y sus aliados.
Pero cualquier medida drástica puede generar serios problemas en Cataluña dada la fuerte movilización de los independentistas y el rechazo generalizado a las acciones de los conservadores españoles, casi residuales en esta región.
Suspender la autonomía “provocaría una reacción mayoritaria de la población catalana” y “un reforzamiento del independentismo”, advierte Oriol Bartomeus, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Según Frederico Santi, analista de Eurasia Group, “la crisis política e institucional se agravará, salvo un improbable cambio de gobierno en Madrid o Barcelona”.
