Una declaración de independencia en suspenso, Madrid lanza un ultimátum a Barcelona, una mediación “imposible”, un compromiso para reformar la Constitución y el mundo empresarial inquieto: lo que se sabe hasta ahora de la crisis en Cataluña.
Una declaración de independencia en suspenso
Tomando nota del referéndum de autodeterminación inconstitucional del 1 de octubre, que los separatistas dijeron haber ganado ampliamente, el presidente catalán Carles Puigdemont pareció declarar unilateralmente la independencia de Cataluña el martes. Pero seguidamente suspendió sus efectos para pedir un diálogo con Madrid en las próximas semanas, antes de firmar de nuevo la declaración en un acto simbólico junto al resto de diputados independentistas.
Ultimátum de Madrid
Como respuesta, el jefe de gobierno español Mariano Rajoy fijó al día siguiente un doble ultimátum al líder independentista. Dispone hasta el lunes a las 10H00 (08H00 GMT) para clarificar si declaró o no la independencia. Si lo confirma o se abstiene de responder, Madrid le ofrece una prórroga hasta el 19 de octubre para renunciar a sus planes. Una marcha atrás de Puigdemont, que sigue apelando a la mediación, parece poco probable, según los analistas. “Les asusta más el diálogo que la violencia”, dijo el presidente regional el miércoles por la noche.
Presión económica
Expectante durante mucho tiempo, el mundo empresarial aumentó notablemente su presión sobre los independentistas. Desde el referéndum del 1 de octubre, deceneas de empresas trasladaron su sede social fuera de la región ante la inseguridad jurídica.
Además, Madrid intervino en septiembre las finanzas catalanas, pagando directamente a funcionarios y proveedores. La región es incapaz de financiarse directamente sobre los mercados por su fuerte deuda y depende de los préstamos del Estado central. Cataluña, que aporta un 19% del PIB español, es la región más endeudada en valor absoluto del país con 67.700 millones de euros a finales de junio.
La mediación imposible
Las repetidas peticiones de una mediación internacional de Puigdemont son sistemáticamente rechazadas por Madrid y los dirigentes europeos. “No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia”, dijo el miércoles Mariano Rajoy. Una mediación pondría “en términos de igualdad” al presidente catalán y el jefe de gobierno español, señaló el presidente francés Emmanuel Macron. “No va a haber mediación ni debe haberla. La UE, desde luego que no. Porque no es un conflicto internacional. España no es un país dividido en guerras tribales”, declaró el expresidente del Parlamento europeo, Josep Borrell, un catalán muy contrario a la independencia.
Que dice el artículo 155
Si la situación se mantiene al expirar el plazo del 19 de octubre, el gobierno español puede aplicar el artículo 155 de la Constitución que permite la suspensión de la autonomía catalana. El artículo nunca ha sido utilizado desde el retorno de España a la democracia.
Rajoy, que cuenta con el apoyo del partido socialista y los centristas de Ciudadanos, tendrá que acudir al Senado para hacer aprobar “las medidas necesarias” a fin de forzar a la región a respetar sus obligaciones. El artículo 155 no especifica la naturaleza de estas “medidas” que permiten la toma de control parcial o total de los órganos políticos y administrativos de la región. Algunos puntos sensibles serían una eventual suspensión del gobierno regional o el emplazamiento de la policía catalana bajo las órdenes del ministerio del Interior.
Una reforma constitucional en marcha
Para intentar resolver la crisis catalana, los socialistas informaron haber acordado con Rajoy discutir una reforma de la constitución. El acuerdo prevé la formación de una comisión de reforma territorial que debe estudiar el reparto de competencias entre las regiones y el gobierno central, antes de crear una comisión para reformar la constitución. La idea es buscar un nuevo modelo de autonomía regional que permita un mejor encaje de Cataluña pero es un proceso largo.
