“Ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura del cese al fuego de forma unilateral y automática”, aclaró la oficina del Alto Comisionado de Paz en un comunicado.
Sin embargo, el caso supone un “incidente grave” que será evaluado por la misión de verificación que conforman la ONU, la Iglesia católica y las dos partes comprometidas en una negociación de paz en Quito desde febrero.
“La Mesa de Conversaciones evaluará toda la información objetiva que reciba para que se adopten las decisiones que correspondan frente a la continuidad del cese al fuego”, en vigor desde el 1 de octubre, señaló el gobierno en la declaración.
Última guerrilla activa en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) admitió que mató al gobernador indígena Aulio Isarama Forastero el miércoles en el selvático departamento del Chocó (noroeste).
En un comunicado difundido el domingo, la organización armada agregó que había retenido al líder indígena para investigarlo por sus supuestos nexos con la “inteligencia militar”.
Su muerte se produjo cuando rehusó irse con los rebeldes y se abalanzó sobre uno de ellos, con “el trágico desenlace conocido”, agregó el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, que opera en la zona.
El asesinato del gobernador constituye la primera violación del cese al fuego bilateral y temporal que rige hasta el 9 de enero, pactado por el gobierno y la guerrilla en el marco de las negociaciones de paz de Quito.
El gobierno rechazó el asesinato de Isarama Forastero y confió en que el pronunciamiento del ELN “permita a las autoridades avanzar rápidamente” en la investigación y condena de los responsables.
“La mesa de conversaciones adoptará las medidas correctivas para fortalecer los procedimientos que se llevan a cabo en el marco del cese al fuego”, añadió.
De su lado, el ELN afirmó que lamentaba “profundamente” el hecho y pidió perdón por “este doloroso caso” a familiares y allegados del dirigente.
