La Contraloría General de Cuentas (CGC) está fiscalizando todas las actividades relacionadas con el gasto presupuestario durante el Estado de Calamidad que está vigente por la tragedia causada por el volcán de Fuego. Lo anterior fue confirmado en el programa A Primera Hora por el Subcontralor de la Calidad Gasto de la CGC, César Elías.
¿La Contraloría acompaña al Ministerio Finanzas para fiscalizar los gastos por el Estado de Calamidad?
Correcto. El Contralor, Carlos Mencos, envió una nota al Ministro de Finanzas donde le ofrece acompañamiento a todos los procesos de adquisición, y le solicita que se nombre una autoridad temporal para tener enlace directo y una actualización efectiva.
Además, se le pide una estructura programática para centralizar todas las adquisiciones en un programa específico para el estado de Calamidad. La intención es que todos los gastos puedan ser consultados en un solo programa y los auditores hagan la fiscalización más precisa.
¿Cuál ha sido la respuesta de Finanzas?
La respuesta de Finanzas ha sido positiva. Ellos tienen el Programa 9 y el Sub-programa 7 para ese trabajo. Nosotros en la Contraloría emitimos el nombramiento de auditoría. Son 5 auditores supervisados por un Auditor con especialización en Auditoria en Desastres. Creemos que será más fácil fiscalizar.
Ellos no nos solicitaron el acompañamiento, pero estamos en la mejor disposición de acompañaros. En el Departamento de Monitoreo se han identificado algunas autoridades que pretenden realizar compras y servicios amparándose en el estado de Calamidad y hemos actuado de inmediato.
Hoy el Contralor enviara una circular a Auditoría Interna para que asesore a la autoridad superior para evitar que se hagan compra de bienes y servicios al amparo del estado de Calamidad.
#EUVolcánDeFuego | Analistas dudan de procedimientos de compras en estado de Calamidad.https://t.co/enUinnJhOG pic.twitter.com/AlXVpH2oYP
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 3, 2018
¿Qué entidades se han aprovechado de eso?
No es que hayan consumado la adquisición. Han tenido la intención. En años anteriores hemos presentado denuncias penales porque las autoridades no tenían claridad de que el estado de calamidad debería ser un respaldo y sustento para atender una emergencia.
Por ejemplo, se construyeron comisarías al amparo de un estado de excepción. El problema es la falta de conocimiento y de interpretación del decreto. Lo que pretendemos ahora es que las auditorias alerten a las autoridad de que el estado de calamidad solo está para tres departamentos. Que tengan claridad de que los gastos sean solo para el estado de calamidad, no para operaciones normales.
¿Podrían hacerse reparos?
Claro. Tenemos tres consecuencias, si se diera el caso: la más benévola es la imposición económica, la otra es el requerimiento de los recursos y, la última, la acción penal.
Si nuestros auditores detectan que las autoridades realizan compras o adquieren servicios que no son para atender la emergencia, va a presentar la acción penal o a requerir el recurso.
Sin embargo, el Ministerio de Finanzas tiene un programa especifico para identificar eso. Además, hay 153 las municipalidades que están facultadas para manejar sus recursos propios, pero y la Contraloría debe estar pendiente de cómo lo van a hacer.
Hay un programa de auditoría específico para acompañar algunos procesos que llaman la atención. Nosotros estamos preparados y vamos a realizar nuestro trabajo, pero este trabajo no debe obstaculizar procesos que sirven para ayudar a las personas que han sido afectadas con la tragedia.
¿Tienen alguna manera para determinar si se otorga una obra a dedo?
Es un riesgo latente, en estados de excepción, y nuestros auditores tienen procedimientos. Cruzamos información con la SAT y el Registro Mercantil para ver si los propietarios de las empresas o socios de sociedades anónimas tienen algún vínculo con algún funcionario. Cuando se determina eso se presenta la acción penal.
También debemos verificar los precios. En casos como estos, los precios son más altos. Tenemos que verificar si la autoridad realizó los procedimientos mínimos: publicar las compras, cotizaciones, etc.
Reacciones
Para comentar la información del Subcontralor de la calidad del Gasto, el programa A Primera Hora invitó a la diputada Nineth Montenegro, y al investigador de Acción Ciudadana, Marvin Flores.
Montenegro: "Los controles que se pusieron a las compras por excepción fue porque se volvieron la regla cotidiana en todos los gobiernos, no solo en este". #EUVolcánFuego pic.twitter.com/NMDS3lXiSJ
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 3, 2018
Nineth Montenegro
No es que voluntariamente la Contraloría esté participando en la fiscalización de los recursos por la tragedia del volcán. Cuando llega la decisión del Gabinete del estado de Calamidad, el Congreso lo modificó e incluyó a la Contraloría para que estuviera atenta para la fiscalización, y tangencialmente que Segeplan vea que la obra sea viable, realista y necesaria.
Hay compras que se han parado y anulado, pero hay dudas ahora es sobre 73 compras que están por adjudicarse en las que piden uniformes, repuestos para vehículos y otras que ya se dieron, como la compra de repuestos para helicópteros.
Me alegra que César Elías hable de que se va a crear un programa único y una estructura programática. Es problema cuando no hay una estructura programática es que no se sabe de dónde sale el dinero.
Flores: "Esperaríamos que estas obras estén ejecutadas de la mejor manera y mejor calidad porque es mucha la cantidad de dinero que se está invirtiendo". #EUVolcánDeFuego pic.twitter.com/OemtN0b0I3
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 3, 2018
Marvin Flores
Lo que me gustaría saber es qué se va a hacer con los ‘concursos restringidos’, y que se investiguen las inconformidades de empresas que han participado en concursos, en el caso de viviendas, por ejemplo.
Hay dos concursos que llaman la atención: las obras programadas para dragados en el cauce del río Guacalate por Q37 millones, y en la quebrada Las Lajas, por Q23 millones… que se vea el costeo por renglón de trabajo.
Lamentablemente la Contraloría tiene una limitante del diseño constitucional, que es la fiscalización expost: se detectan los problemas y se sancionan cuando las cosas ya ocurrieron. Lo ideal sería que realizara una auditoría concurrente; es decir, durante el proceso.
En resumen, que vaya a profundidad en el costeo de los proyectos por renglón de trabajo, porque ahí está el problema.
Escuche nuevamente el programa aquí: ▼
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