A través de una conferencia dirigida a empresarios, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham) dio a conocer detalle sobre las acciones penales y civiles que Estados Unidos emprende contra el lavado de dinero y la corrupción.
La conferencia informó además sobre las sanciones que impone la Ley Magnitsky y los alcances que esto tiene con ciudadanos y entidades guatemaltecas.
🔴 Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (@AmchamGT) da a conocer las acciones penales y civiles que EE.UU. emprende contra el lavado de dinero y la corrupción contenidas en la Ley Magnitsky. Vía: @AdrianSoto_EU pic.twitter.com/EocnDqY6AL
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 7, 2019
Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham), señaló que en Guatemala los principales delitos relacionados con el lavado de dinero son el narcotráfico, la corrupción, extorsiones, la trata de personas y el contrabando.
https://emisorasunidas.com2018/08/02/congreso-de-estados-unidos-pide-sancionar-con-ley-magnitsky-a-dos-guatemaltecos/
Ya hay sanciones
Actualmente hay 51 registros de empresas y personas particulares de nacionalidad guatemalteca que están en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC en inglés), entidad encargada de aplicar las sanciones derivadas de la violación al contenido de la ley Magnitsky así como por otras violaciones contempladas en la legislación del país del norte.
La principal sanción implica que estas entidades no pueden hacer negocios en Estados Unidos, no podrán viajar y tampoco hacer transferencias bancarias con entidades financieras de ese país.
Entre los guatemaltecos ya sancionados por esta normativa se encuentran el empresario Gustavo Alejos Cámbara y Luis Alberto Mendizábal, el primero ya fue detenido en 2015 por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.
Mendizábal aún se encuentra prófugo.
La Ley Magnitsky
La “Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos” es una norma que permite al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción, así como crimen organizado en sus propios países de origen. Fue aprobada en el 2016.
*Con información de Adrián Soto.
