La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció una supuesta táctica del Gobierno de Nicaragua para “entorpecer” el diálogo entre las partes, que tiene como objetivo solucionar la crisis que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018.
Según la denuncia, el Gobierno adoptó una reciente estrategia de insistir en que los miembros de la Alianza se hagan responsables de la comisión de “crímenes, tropelías e incluso actos diabólicos”, para evitar tocar los temas centrales en las negociaciones entre las partes.
“Llamar a una contraparte de un proceso de negociación que se declare culpable de delitos sólo comprueba la falta de voluntad de sentarse a la mesa a discutir los temas fundamentales”, señaló la Alianza, en un comunicado.
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Tras haber llegado a acuerdos en temas relativos a la liberación de los “presos políticos” y el respeto del Gobierno por la Constitución, las partes están pendientes de discutir sobre la justicia para las víctimas de la crisis y el retorno de Nicaragua a la democracia.
La organización ha insistido en que el Gobierno no ha cumplido con los dos compromisos adquiridos, y que además se niega a abordar los temas pendientes.
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A la par de las acusaciones, el Gobierno ha condicionado el avance de las negociaciones a que la Alianza pida a la comunidad internacional que suspenda las sanciones económicas a Nicaragua.
La posición del Gobierno con la Alianza se endureció la semana pasada, luego de que Estados Unidos aplicó sanciones económicas contra el hijo del presidente Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, Laureano Ortega Murillo.
Ocho presas políticas inician huelga de hambre en Nicaragua.
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La Alianza insistió que el Gobierno debe “mostrar con acciones concretas la voluntad de avanzar en la búsqueda de una solución a la crisis, que por más de un año continúa sufriendo el pueblo nicaragüense”.
La crisis de Nicaragua ha dejado unas 325 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque instituciones locales elevan la cifra hasta 568, y el Gobierno reconoce 199.
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La CDIH, que cuenta 809 presos, casi el doble de lo que admite el Gobierno, ha señalado a la Administración de Ortega como responsable de delitos “de lesa humanidad”.
Con información de la agencia de noticias: EFE
