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CC rechaza amparo interpuesto por la FECI y cuatro diputados de la UNE mantienen inmunidad

Los congresistas son señalados en el caso de financiamiento electoral no registrado en elecciones de 2015.

CC rechazó amparo con lo cual cuatro diputados de la UNE mantienen inmunidad por caso financiamiento electoral no reportado
Los congresistas de la UNE continuarán en sus cargos al ser reelectos.

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo planteado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el cual buscaba que se revirtiera la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien no avaló procesos de antejuicio contra cuatro diputados del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Esto se debe al caso de financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito por parte de esta agrupación política, en donde también es señalada la excandidata presidencial Sandra Torres.

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Reelectos

Se trata de los congresistas Joaquín Flores, Karina Paz, Jorge Vargas y Julio Excamey quienes fueron reelectos.

El 2 de septiembre pasado, la excandidata presidencial Sandra Torres fue detenida y enviada a prisión preventiva por un caso de corrupción en las finanzas de su partido en 2015.

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El caso

En el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias”, surgido en enero de 2018,  que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa  Ingeniería Integral S.A., hacia  la entidad MAARIV, S.A.

La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.

Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran  utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.

Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron, afirma la investigación del MP y de la Cicig.

Estos aportes no fueron reportados al TSE, según constató la FECI.