El extitular de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, se refirió a la iniciativa 5933, que presentó el Gobierno y está en proceso de discusión en el Congreso.
La referida propuesta se relaciona con la exención de responsabilidad de fabricantes y la creación de mecanismos de compensación por efectos secundarios severos de las dosis contra el coronavirus.
En el Legislativo se conoció ayer la normativa, pero no se llegó a consensos para su aprobación. Los diputados se declararon en sesión permanente para continuar abordando el tema.
De igual forma, aprobaron conocer de urgencia nacional la iniciativa y le darán seguimiento a la misma en reuniones en instancia de Jefes de Bloque.
El comportamiento del Legislativo para avalar la normativa ha sido criticado debido a que el no contar con una ley de este tipo retrasa el ingreso de vacunas contra Covid-19 donadas y también la posibilidad de abrir negociaciones con otros fabricantes.
Especialmente, tomando en cuenta que el contrato que suscribió Guatemala para adquirir 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V no ha dado los resultados que se esperaban.
El país ya pagó Q614.5 millones correspondientes al 50 por ciento del total de la compra, pero hasta ahora Rusia solo ha entregado 150 mil dosis.
Sin mayores enmiendas
En entrevista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el médico se refirió a la situación de la vacunación y a la iniciativa 5933.
En cuanto al retraso de las entregas de dosis de parte de Rusia, consideró que no es solo responsabilidad de Guatemala sino que en gran parte depende del fabricante, que no ha podido producir la cantidad de vacunas ofrecida.
En su opinión, no es necesariamente mala intención la que se observa, sino que obedece a fallos que se pueden dar en los procesos de producción.
“Estos se convierten en un problema muy grande para países como Guatemala que le apostaba en un contrato con este fabricante”, manifestó´.
En su opinión, hay salidas para la situación complicada que se vive ante la falta de vacunas.
La primera parte sería que el Congreso apruebe la ley de compensación por efectos adversos severos que, a su criterio, el ministerio ha definido claramente.
Asturias expuso que esta es ley muy estándar a nivel mundial y no debiera tener las 28 enmiendas que propusieron los diputados y por las cuales no se ha podido aprobar.
“Es ponerle aristas al gato que no debieran hacerse, pero en Guatemala así funciona la legislación”, dijo Asturias.
Según Asturias, el retrasarse y querer hacer modificaciones a una ley que sigue cierto patrón a nivel internacional dice mucho de que en el Legislativo hay elementos que no dedican su tiempo para estudiar y prepararse para una cuestión tan importante para Guatemala.
“Actualmente la urgencia nacional es que vengan más vacunas, vacunar a más personas y acelerar el proceso antes de que las variantes hagan inefectivo el proceso”, puntualizó.
Dictamen de PGN retrasó entrega al Congreso
La Coprecovid quedó desintegrada desde diciembre de 2020, sin embargo, desde que se encontraba en funciones ya se hablaba ley de exención de responsabilidades, comentó Asturias.
“Nosotros habíamos analizado que no solo necesitábamos la ley para comprar las vacunas, que se había impedido en noviembre y diciembre para salir a buscar contratos”, expuso.
Añadió que desde ya se anticipaba que las leyes de compensación serían necesarias y se propuso como acuerdo legislativo, porque solo así los fabricantes verían que Guatemala estaba comprometida en que el tema del resarcimiento por reacciones adversas debería ocurrir.
Sin embargo, según compartió el entrevistado, hubo problemas para que la normativa fuera una realidad.
El Ministerio de Salud la propuso desde mediados de enero, pero un dictamen de Procuraduría General de la Nación (PGN) dijo que no podría pasar como acuerdo legislativo.
La referida entidad dijo que era suficiente contar con un acuerdo ministerial, aunque el Ministerio de Salud estaba claro de que se necesitaba un decreto, manifestó.
“Sin dictamen favorable de PGN, obviamente el Ejecutivo no puede plantear ante el Congreso. Si su propio abogado le dice que no, el Congreso dirá que su abogado le recomendó que no se hiciera”, manifestó.
Entonces, la ruta que se tomó fue la de emitir un acuerdo ministerial, que fue publicado en febrero.
Este permitió la llegada de vacunas por medio de la plataforma de Covax, pero hay fabricantes como Pfizer y Moderna que piden que sea un decreto, porque un acuerdo no tiene tanta fortaleza.
Finalmente, el profesional mencionó que espera que tras esta accidentado proceso se pueda tener un decreto que permita al país llegar a poder recibir donaciones y seguir comprando dosis adicionales en un momento que calificó como crítico.
