El Ministerio Público (MP) confirmó que este jueves como resultado de un operativo realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) fue capturado William Balz Gallardo, implicado en la supuesta compra irregular de un edificio para el ente investigador.
Es señalado por la Fiscalía de Asuntos Internos por su presunta vinculación en el proceso de la adquisición supuestamente sobrevalorada del inmueble ubicado en la zona 5 capitalina. Se le atribuyen los cargos de fraude y defraudación tributaria.
En este expediente judicial, conocido como “Gerencial Asunción”, también está involucrada la exfiscal general, Thelma Aldana, ya que durante su administración se hizo la adquisición de la propiedad por Q35 millones.
La exfuncionaria tiene una orden de captura vigente que no ha podido ser ejecutada debido a que se encuentra fuera del país, específicamente en Estados Unidos, y ha argumentado riesgos para su integridad si regresa a Guatemala.
Tras surgir los señalamientos en su contra, la exjefa del MP indicó que la compra fue auditada por la Contraloría General de Cuentas, y el avalúo del inmueble estuvo a cargo de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi), del Ministerio de Finanzas Públicas.
Aseguró que ese proceso “ha sido el más auditado en la historia del país” y que se realizó de manera transparente. También expuso que alquilar un edificio en lugar de adquirirlo significaba una renta millonaria anual.
Thelma Aldana reacciona a resolución de juez por compra de edificio del MP.
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Otro caso contra el capturado
El MP confirmó que Balz Gallardo también tiene orden de aprehensión vigente por el caso Red de Poder Lavado y Corrupción, que es investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Los delitos de los que se le sindican son: asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y defraudación tributaria.
La fiscalía dio a conocer que las pesquisas revelaron que Balz GAllardo, desarrollador del proyecto Edificio Casa Margarita, actuó a través de la firma Tax Central América y en asocio con los abogados y notarios Ricardo López Barrientos y Manuel De Jesús Palma y Palma.
Esto para que por medio de sociedades off shore panameñas se realizara la operación de compraventa de apartamentos, estableciendo estrategias para garantizar anonimato a los compradores.
Este caso se relaciona con la existencia de una estructura delictiva que permitió el ingreso de dinero ilícito en las campañas políticas en beneficio de ciertas personas. La fuente de los fondos eran los cobros de sobornos de contratistas.
