Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos expresaron su preocupación por la prolongación de la prisión preventiva del exfiscal anticorrupción Stuardo Ernesto Campo Aguilar, quien permanece privado de libertad desde hace casi tres años, sin que se haya resuelto su situación jurídica de fondo.
En un comunicado emitido este viernes, 6 de noviembre, las entidades firmantes señalaron que la detención de Campo es arbitraria y cuestionaron la falta de avances sustanciales en el proceso penal que se sigue en su contra.
Las organizaciones recordaron que, en julio de 2026, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas determinó que la privación de libertad del exfuncionario es arbitraria y solicitó al Estado de Guatemala disponer su liberación inmediata, otorgarle reparación e investigar las circunstancias de su detención.
Sin embargo, denunciaron que las autoridades guatemaltecas no han cumplido con dicha determinación y que Campo continúa en prisión preventiva.
Otro de los aspectos señalados es la prolongación de la etapa intermedia del denominado caso Zolic, que comenzó en febrero de 2026 y hasta la fecha no ha concluido. Además, según el comunicado, tampoco se conoce una resolución sobre la solicitud de revisión de la medida de coerción. Las entidades indicaron que durante el año se programaron 28 audiencias, de las cuales 17 fueron suspendidas.
A criterio de las organizaciones, estas circunstancias han contribuido a mantener paralizado el proceso y han impedido que se resuelva la situación jurídica del exfiscal, incluso respecto de su solicitud para recuperar la libertad.
La próxima audiencia está programada para el 7 de diciembre de 2026, en la antesala del período vacacional del Organismo Judicial, situación que, según las organizaciones, incrementa el riesgo de que el proceso continúe prolongándose.
Exigen debido proceso
Las organizaciones también destacaro que, aunque en el proceso figuran otras dos personas sindicadas, Stuardo Campo es el único que permanece en prisión preventiva, mientras que los otros dos procesados recibieron medidas sustitutivas.
Las organizaciones consideran preocupante que una medida cautelar de carácter excepcional se haya extendido durante casi tres años, sin sentencia y sin un control judicial efectivo sobre la necesidad de mantenerla.
Ante este escenario, las entidades firmantes reiteraron su compromiso con la independencia judicial, el debido proceso y la lucha contra la impunidad.
Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que respeten los plazos procesales y revisen la medida de coerción impuesta al exfiscal.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
