Una prueba de ADN descartó el lunes en Argentina una hipótesis que presentó el ministerio de Seguridad en su defensa de la Gendarmería en el polémico caso sobre la desaparición del artesano Santiago Maldonado hace casi 35 días.
Ante la fuerte presión por este caso, que ha conmocionado y dividido a la sociedad argentina, el gobierno del presidente Mauricio Macri, esbozó semanas atrás la posibilidad de que Maldonado hubiese resultado herido mortalmente por un trabajador de las tierras del magnate italiano Luciano Benetton. Esos terrenos son desde hace años foco de protestas que reivindica una comunidad del pueblo originario mapuche.
El Juzgado Federal de Esquel informó el lunes que el perfil genético de la persona que habría sido herida el 21 de julio pasado cerca de Epuyen en la provincia del Chubut (sur) no coincide con el ADN de Maldonado, una versión que fue mencionada por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.
Bullrich defendió desde el primer momento el accionar de la policía de Gendarmería para desalojar una manifestación el pasado 1 de agosto en la que Maldonado participó en solidaridad con la causa mapuche.
Familiares, amigos y testigos de aquella manifestación aseguran que Maldonado no volvió a verse tras ser detenido por la Gendarmería. Organismos de derechos humanos calificaron este caso como una “desaparición forzada”, algo que el Gobierno rechaza de plano.
La hipótesis sobre esta herida a Maldonado fue ampliamente publicada en las últimas semanas y dividió opiniones entre aquellos que creen que los mapuches pudieron haber estado detrás de la muerte y posterior ocultamiento del cuerpo del artesano, y aquellos convencidos en que el Gobierno tuvo arte y parte en el origen de la desaparición del joven.
Bajo el “¿Dónde está Santiago?” una multitud se concentró el viernes en Buenos Aires y varias ciudades del país para reclamar respuestas al gobierno. En la capital se produjeron serios incidentes al final de la manifestación y detuvieron a unas 30 personas que terminaron siendo liberadas el lunes.
En un país polarizado, los seguidores de Macri acusan a los simpatizantes del anterior gobierno de Cristina Kirchner de armar una campaña para dañar al Ejecutivo y los detractores del presidente comparan su accionar en derechos humanos con la dictadura militar, que dejó 30.000 desaparecidos entre 1976 y 1983.
