La policía de El Salvador detuvo este viernes a 93 pandilleros y colaboradores acusados de homicidios y de integrar la estructura financiera de la Mara Salvatrucha (MS-13) en la ciudad de Santa Ana (oeste), informaron las autoridades.
También decomisaron 70 vehículos, un número no determinado de motocicletas, nueve inmuebles, e intervinieron 41 negocios entre restaurantes, talleres mecánicos, tiendas de comestibles y hasta una pequeña fábrica de pirotécnicos, precisó en rueda de prensa el director de la policía, Howard Cotto.
La policía salvadoreña “está golpeando fuertemente la capacidad logística y financiera” de la pandilla con el operativo, basado en una investigación de dos años, dijo Cotto.
También fue detenido el abogado Jaime Ernesto Carranza, a quien la fiscalía intervino tres viviendas, una de ellas en la playa, y su oficina jurídica.
Erick Wilfredo Contreras, quien presuntamente se desempeñaba como “prestamista” con fondos ilícitos de las pandillas, fue arrestado y se le incautaron 10.000 dólares que mantenía en efectivo en una caja fuerte.
También fue detenido el empresario Óscar Armando Reyna, quien administraba un conjunto de restaurantes utilizados para lavar dinero de la Mara Salvatrucha en Santa Ana.
En uno de los restaurantes se hallaron 34.000 dólares.
Durante la operación, en la que participaron 1.195 agentes, la policía realizó 85 allanamientos y decomisó 15 armas entre pistolas y escopetas.
Según Cotto, la acción permitió constatar la “enorme diferencia” entre el estilo de vida que tienen los cabecillas pandilleros que viven en exclusivas residencias privadas, y los jóvenes que salen a la calle a cometer extorsiones, homicidios y otros delitos que afectan a la población.
Cotto lamentó que pequeños empresarios que antes entregaban extorsiones a la banda pasaron a recibir dinero para sus negocios como parte de una “sociedad criminal” para obtener y compartir ganancias.
Según las autoridades, las pandillas en El Salvador son las responsables de la mayoría de los 2.092 homicidios que se cometieron de enero a julio de este año.
Tienen unos 70.000 miembros, de los cuales 16.000 están encarcelados.