La subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de EE.UU., Martha Newton, destacó esta semana los “significativos” avances logrados por Latinoamérica en la lucha contra el trabajo infantil y forzado en 2016.
“América Latina es una de las regiones donde se han producido avances más significativos”, subrayó Newton durante la presentación de la decimosexta edición del informe anual sobre las “peores formas de trabajo infantil” en el mundo, presentado en Washington.
El informe, que recoge datos recopilados en 135 países a lo largo del año 2016, señala que en la actualidad unos 152 millones de niños se ven forzados a trabajar en todo el mundo, 73 de los cuales lo hacen en tareas consideradas peligrosas.
Pese a lo negativo del dato, Newton quiso enfatizar que, desde comienzos del nuevo milenio, esta cifra se ha reducido en un 38 %, lo que supone que cerca de 57 millones de menores han salido del mercado laboral, desde que el Departamento de Trabajo empezó a recolectar datos al respecto en el año 2000.
El 71 % de los niños, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, trabaja en el sector agrario, mientras que el 17 % lo hace en el sector servicios y el resto, un 12 %, en la industria.
Avances significativos
El informe establece que, a lo largo del año pasado, se produjeron avances “significativos” en 23 países, “moderados” en 59 y “mínimos” en 43. En el resto de los estados analizados o bien no se produjeron avances o no se pudieron constatar.
Por regiones, Latinoamérica y el Caribe es aquella en la que más países implantaron nuevas medidas que llevaron al Departamento de Trabajo estadounidense a valorar sus avances como significativos, con un total de diez: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.
“Existe una buena razón”, explicó Newton, pues “se están aprobando leyes, se está haciendo cumplir las normas -aunque aún quedan algunos puntos en los que se puede trabajar-, se están adoptando planes de actuación y se están instaurando programas de protección social para proteger a las familias más vulnerables y que manden a sus hijos a las escuelas”.