El ministro de la Defensa Nacional, William Mancilla, fue citado al Congreso de la República por la bancada Encuentro por Guatemala, en donde reconoció la cartera incurrió en un error administrativo al otorgarle un ‘bono de responsabilidad’ al presidente Jimmy Morales, en su calidad de Comandante General del Ejército.
El funcionario castrense también reconoció que nunca consultaron al respecto con las comisiones legislativas de Probidad y de Finanzas, sobre si eso era correcto. Sin embargo, Mancilla no respondió si el emolumento se lo seguirán entregando al mandatario, aunque insistió en que siempre ha actuado conforme a la Ley.
Para analizar este caso en particular y, en general la entrega de bonos, el programa A Primera Hora invitó a Francisco Jiménez, exministro de Gobernación e investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), y a Violeta Mazariegos, secretaria ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los derechos Humanos (PDH).
¿Cómo ven la actuación del Ministro de la Defensa en este caso? ¿Cómo calificar la entrega de bonos?
Ambos coinciden en que el funcionario militar incurrió en varios errores, que las sanciones deberían rebasar lo administrativo y rayar en penal; además, que es necesario revisar la vigencia de los bonos en varias instituciones, sin satanizarlos, y que toda información relacionada con salario o bonificaciones que se entreguen a funcionarios públicos, debe ser pública, por la misma procedencia de los fondos.
Francisco Jiménez
Todo ciudadano debe tener claro de porqué vemos con preocupación ese bono, sobre todo porque se trata de una entidad de seguridad y defensa del país. La sensación es muchos temas de gestión pública deberían estar en resguardo del Estado. Sin embargo, es un tema de derecho, no de ocultar una información.
En una sentencia de 2010, la Corte de Constitucionalidad resolvió que tales cantidades están sujetas al mismo interés público por razón de su origen, que es el erario nacional.
Todo lo que recibimos los funcionarios, por ser ciudadanos, debe ser público. Las instituciones del Estado no tienen porqué esperar a que le solicitan la información, ésta tiene que ser público. Es importante la divulgación de la información de salarios y emolumentos que todos los funcionarios reciben.
El Contralor sólo reacciona
El Contralor ha ejercido su función en términos reactivos. Cuando está el problema trata de verlo. La Contraloría General de la Nación (CGN) tiene una función más allá de reaccionar. Se trata de sistemas, procedimientos, acciones que podrían enmarcarse en delitos o faltas administrativas.
Hay que entender la eficiencia del gasto. La CGN lo tiene que ver, pero hay que ver cuánto el impacto real del gasto, en la ejecución presupuestaria tiene impacto en términos de seguridad.
En cuanto a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el acceso a la información no es la excepción, la excepción son los términos de acceso.
En su tiempo, como Ministro de Gobernación, había bonos
Con esos términos no existían. Sí en honorarios del Ministro, sobre todo en aquellos años, cuando los honorarios de un ministro eran mínimos. Ahora ya mejoraron sustantivamente.
Considero que no hay que satanizar el bono. El problema son los criterios de cómo se emiten. Es una reflexión, una discusión en la que, en realidad, no deberían existir. Si son de riesgo… qué significa riesgo. Eso es lo que hay que discutir.
Violeta Mazariegos
A raíz de esta denuncia se nos solicitó una evaluación de cómo se encuentra el asunto de acceso a la información en el Ministerio de la Defensa. Las conclusiones a las que hemos llegado es que, aparte de las administrativas, hay otras normas que se vulneraron y puede tener una denuncia penal de mucho más peso.
Veamos. El salario del Ministro es del Q27 mil. Él dijo ayer en el Congreso que su salario es de Q40 mil y con el bono, llega a Q94 mil. Eso significa que la información publicada en la página del Ministerio, es falsa.
Además, el marco normativo no está publicado, hay poca transparencia en compras y cotizaciones en todas las adquisiciones del Ministerio. Eso debería ser sancionado por la Contraloría.
Hay más. Se violó la ley del presupuesto y debe investigarse la existencia de los nueve acuerdos previos al acuerdo administrativo interno, el cual fue firmado en día inhábil, que da base legal del Bono. Eso implicaría que todos devolvieran el dinero, no solo el Presidente.
Hay abuso de autoridad, falsedad, falta de rendición de cuentas, varias sanciones que deberían visualizarse.
Bono secreto por razones de seguridad
La ética es fundamental, no es coherente con una brecha fiscal, tener eso. Es una ofensa a la población. No sabemos cuánto gana nadie. Creo que los bonos deben analizarse y desaparecer.
¿Deberían de presentar la información de estos casos?
La ley dice que es obligatorio, no que es cuestión de si quieren.
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