5 noviembre, 2024 | 7:41 am

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A Primera Hora/ Nacionales

“El gran remedio es el Estado de Sitio”, dice parlamentario al referirse a ley antipandillas

La finalidad es combatir a las pandillas y que se aplique la Ley del Orden Público y el Estado de Sitio.

La propuesta de ley para el combate de las pandillas y grupos criminales organizados de alta peligrosidad también sugiere reformar la Ley de Orden Público para que la Presidencia pueda declarar Estado de sitio cuando existan indicios de alta peligrosidad.

Para ponerla en práctica el Ejecutivo se basará en simples informes de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, la medida deja libre la posibilidad de operativos de allanamiento sin que sea necesaria una orden de juez.

El presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Fernando Linares Beltranena ha reiterado en diferentes ocasiones que el proyecto no afectará a los ciudadanos porque no impide la libre expresión ni autoriza compras por excepción.

Así, la Comisión dictaminó favorable la iniciativa 5212 que propone Estado de Sitio para combatir pandillas. Para aclarar algunas dudas, el programa A Primera Hora, se comunicó por lavía telefónica con el parlamentario, quien dio a conocer sus apreciaciones al respecto.

¿Hay algunas áreas de la iniciativa que tienen discrecionalidad y podrían reformarse?

Claro que sí. La finalidad de la ley es combatir a las pandillas y regionalizar las áreas para que se aplique la Ley del Orden Público y el Estado de Sitio. Una manzana de la colonia El Gallito en la zona 3, una o dos cuadras de la zona 18, para circunscribirlas y que se aplique el Estado de Sitio.

La Junta de Ministros y el Congreso tienen un control al mes de cualquier Estado de emergencia, según la ley. Sobre todo porque las pandillas no juegan limpio y son necesarias herramientas más fuertes para combatirlas.

Recordemos que la Ley de Orden Público ya se utilizó una vez contra el narcotráfico en Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos. Por supuesto que pudo haberse abusado. Tenemos que tener contralores. Ahí están el Congreso, el Ministerio Público y la prensa, que va a estar muy vigilante.

¿La medida es sólo en el caso de pandillas?

Tiene que haber un fundamento. Las pandillas están llegando a la zona 4. Tiene que haber un dictamen de la PNC que diga aquí está concentrada la pandilla, necesitamos un allanamiento, no como dice la Constitución, sino en la noche.

Eso permitirá interrogar a los pandilleros para saber en dónde están los coautores. Eso no tiene nada qué ver con reprimir a la población. Se rodea la manzana y se encuentra que en una casa no hay pandilleros, entonces no se va a capturar al dueño. Hay abusos, pero debe haber controles.

Pero para eso se necesitan filtros

Vamos a ver si incorporamos un filtro, por eso la ley tiene una forma de difundirse. Queremos filtrar para que no se abuse.

Una medida de este tipo no es de la noche a la mañana que se aprueba. Ahora tiene un dictamen favorable, pero se tiene que leer en el pleno y tiene que pasar la primera, segunda y tercera lectura. Después va a aprobación por artículos y redacción general, y se conocerán enmiendas. Tiene que pasar un largo recorrido para ser aprobada.

Vamos a vivir en constante estado de Excepción con esa norma…

No. Esto tiene plazo. Cualquier hay un estado de excepción dura un mes y luego deben conocerse por el Congreso. Hay fiscalización, no es una ventana abierta, indefinida. Es para 30 días y tiene que justificarse una prueba.

¿Es válido el uso del Ejército?

Estamos hablando del Estado, que usa todas las herramientas que tiene, eso incluye al Ejército que está para seguridad interna y externa. La gente pide al Ejército porque es más disciplinado y más fuerte.

¿Cómo controlas el armamento de los pandilleros?

Muchos pandilleros lo que usan son armas de las que quedaron del enfrentamiento armado, que quedaron bajo tierra; además, nos entra armamento de contrabando. El sandinismo manda mucho de Nicaragua.

Muchas armas son hurtadas o robadas a guatemaltecos que tienen permiso de portación. Por eso alentamos la tenencia legal de armas, que es un gran disuasivo para la criminalidad común.

El Ministerio de la Defensa tiene un riguroso inventario de sus armas. Por eso hay que hacer allanamientos con más permiso de lo que permite la Constitución para encontrar a pandilleros, los teléfonos desde los cuales se hacen las extorsiones, y las armas ilegales que poseen.

¿Se reconoce que muchos no son pandilleros por casualidad?

Ciertamente, muchas veces un pandillero es producto de un hogar disfuncional y no es capaz de ser una persona respetuosa de los derechos de los demás. La educación es vital para evitar todo esto.

¿Habrá allanamientos nocturnos?

Por supuesto que sí. Cuando se decreta un estado de excepción se levantan las garantías constitucionales, la propiedad privada, el derecho a no ser consignado. ¿Para qué? Para poder perseguir a los pandilleros. Los pandilleros no solo se dedican a capturar, a asaltar, a extorsionar… No..! Es crimen organizado.

Entonces, a grandes males, grandes remedios. El gran remedio es el Estado de Sitio. El Estado tiene que intervenir, no con paños medios, sino con grandes remedios que es el que se está proponiendo.

La iniciativa podría ser un riesgo

La exviceministra de Gobernación, encargada del apoyo al sector, criminalística y criminóloga, Ilse Álvarez, analizó los comentarios del parlamentario Linares Beltranena y reconoció que haya la voluntad de hacer algunas enmiendas que podrían afectar a la población.

Según ella, el diputado Linares Beltranena es conocido en el gremio de abogados, pues ha sido penalista durante muchos años. Llamo la atención de que “es norma complicada, permisiva y muy abierta”.

Agrega: “Si el objetivo es dedicar una norma constitucional para el combate de la pandillas, deberíamos encontrar ese contexto para poderlo entender. Cuando hablemos de la vigencia de la ley publicada en algún medio electrónico, será una reforma a la ley ordinaria y no formará parte de la ley constitucional”.

Además, se cuestiona: “La pregunta es si podemos dejar en las manos del Ejecutivo que tome decisiones de clasificaciones de que afecta al Estado, basado en qué son grupos de alta participación criminal, o puede ser que yo sea parte de otra organización ajena al Gobierno o porque esté siendo parte de una organización sindical. Es el Ejecutivo el que hará la calificación a través de un acuerdo”.

“He ahí el riesgo. Si no se cierra el espíritu constitucional podría ser un riesgo. Ahora es Jimmy Morales pero no sabemos quién viene después. Puede haber violaciones a la libertad de pensamiento, a la liberta de sindicalización, a la libre asociación. Estas clasificaciones pueden afectar a la población”, insiste.

Escuche nuevamente el programa aquí: ▼

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