Un Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) que observó el proceso de elección de cortes en Guatemala aseguró este jueves 14 de noviembre, que el país “fracasó” en su intento por lograr un proceso de acuerdo a estándares internacionales.
El panel de expertos, integrado por abogados de la región como el salvadoreño Sidney Blanco, la chilena Antonia Urrejola y la mexicana Ana Delgadillo, presentaron este jueves su informe final sobre los vicios e irregularidades que marcaron la elección de las altas cortes de Guatemala que finalizó en octubre pasado.
El informe advierte que el proceso estuvo marcado por “la falta de independencia del poder judicial, uso indebido del derecho penal y temor de los actores participantes por ser perseguidos judicialmente”.
De acuerdo con el análisis, la mayor deficiencia del proceso se encontró en los mecanismos de evaluación y la persistencia de negociaciones basadas en el beneficio de sectores ligados a la corrupción.
El 4 de octubre pasado, el Congreso de Guatemala eligió a los 13 nuevos miembros del Supremo que tomó posesión para el periodo 2024-2029, y la organización civil Guatemala Visible destacó que 12 de los electos tenían señalamientos de haber participado en el amaño de procesos de periodos anteriores.
#JusticiaGT El @pei_guatemala presenta una serie de recomendaciones para la urgente reforma del modelo de selección y elección de las altas cortes de justicia.#EnVivohttps://t.co/HjxSJh0SBd
— PEI_Guatemala (@pei_guatemala) November 14, 2024
El proceso de elección de magistrados del Supremo guatemalteco estuvo bajo la lupa internacional, de entes como la Organización de Estados Americanos (OEA), debido al actual deterioro que vive el sistema judicial del país, reflejado en los casos de persecución política contra periodistas, fiscales y activistas.
Los integrantes del PEI-GT recomiendan a Guatemala tomar en cuenta una reforma al sistema actual que incluye revisar la Constitución, así como el proceso de elección que ha sido utilizado por más de dos décadas.
De acuerdo con los expertos se debe “valorar el perfil de cada aspirante a magistrado y tomar en cuenta su lucha por los derechos humanos y la conducción de valores democráticos”.
Además, el informe critica que los decanos de las universidades y abogados que participan en la comisión que evalúa a los futuros magistrados puedan postularse porque esto impide valorar la integridad del proceso.
Entre 2014 y 2019 se llevaron a cabo investigaciones sobre el amaño de las elecciones de cortes por medio de la intervención de operadores políticos, como exministros y candidatos presidenciales que buscaban colocar a sus allegados en estos puestos.
