El diputado José Chic informó este miércoles, 18 de febrero, que presentó una querella contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, luego de que surgiera información con respecto a su posible vinculación con un caso de adopciones ilegales de menores guatemaltecos.
En ese sentido, el legislador de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) detalló que planteó la denuncia con el objetivo de que la funcionaria pueda ser investigada por la posible comisión de los delitos de trata de personas, abuso de autoridad y falsedad ideológica.
Según explicó, también presentó una solicitud para que, al dejar su cargo, se emita una orden de arraigo contra Porras. Su período al frente del MP finaliza en mayo de 2026.
ONU pide investigaciones "independientes" y MP rechaza señalamientos
Un grupo de expertos de la ONU pidió el pasado lunes "investigaciones independientes" sobre la supuesta implicación de varios funcionarios públicos, entre ellos la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en el caso de las adopciones ilegales durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Los expertos se mostraron "preocupados" por la información recibida sobre que "al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el 'Hogar Temporal Elisa Martínez' después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala".
"Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas", señaló el grupo de la ONU en un comunicado fechado en Ginebra.
Los expertos pidieron "investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones ilegales internacionales, supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos".
Incluyendo, añadió el documento, a Consuelo Porras, actual Fiscal General sancionada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) por presunta corrupción, quien fue "según se informa, la 'tutora legal' de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982".
Por su parte, el MP emitió un pronunciamiento a través del cual rechazó los señalamientos, pues consideró que los mismos carecen de sustento probatorio y afectan el derecho al honor, la dignidad, la reputación y la presunción de inocencia de la fiscal general.
"La Dra. Porras Argueta cuenta con una trayectoria profesional de más de 40 años en el sector justicia guatemalteco, distinguida por su integridad, profesionalismo y compromiso con el Estado de Derecho", enfatizó la entidad. A su vez, lamentó que se utilicen alegaciones no investigadas ni probadas para condicionar procesos de elección actualmente en curso.
