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A Primera Hora/ Nacionales

El pacto de corruptos quiere favorecer a militares que están en la cárcel, dice abogada

En Guatemala después de 20 años se ha logrado construir una verdad en los procesos y condenar a las personas.

Sobrevivientes, expertos y diversas organizaciones de América y Europa rechazaron este jueves una iniciativa de ley que pretende establecer una amnistía en los casos relacionados con el conflicto interno en Guatemala (1960-1996).

En un documento de rechazo, decenas de entidades, entre ellas Médicos del Mundo de España y Francia, la Red Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia o las Abuelas de Plaza de Mayo, aseguraron que esta reforma representaría “un retroceso grave y un paso más” hacia la impunidad.

La iniciativa 5377 de enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional podría aplicarse con carácter retroactivo, lo que permitiría que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos -entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura- fueran puestas en libertad en 24 horas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de derechos humanos han reiterado que las amnistías por crímenes de derecho internacional o violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con las obligaciones de los Estados de investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes.

Además, el Departamento de Estado manifestó su “profunda preocupación” por el tema de la Ley de Reconciliación Nacional que se analiza en el Congreso de la República.

Para platicar sobre este tema, el programa A Primera Hora invitó a la abogada María Eugenia Solís, quien asegura que “en el Congreso hay un pacto de corruptos”. “Hay un conjunto de militares que aceptaron sus culpas y fueron condenados, y estos diputados pretenden con un decreto, perdón y olvido”, insiste.

Su opinión sobre el planteamiento del Departamento de Estado

Hay que tomar en cuenta su posición de 1954, cuando ayudan a votar un gobierno con tintes democráticos y nacionalistas. En los últimos años han financiado exhumaciones, con Usaid, que han servido para los procesos del pasado.

Entonces esos esfuerzos de una justicia transicional… todo ese avance se viene al suelo.

Es aceptado que se pronuncie en algo válido. No se vale regresar al pasado, que la gente se pronuncie que hubo respuesta del Estado. Me parece acertado que lo haga. Es una opinión como opina la Unión Europea.

¿Los Acuerdos de Paz fueron un borrón y cuenta nueva?

Para nada. En absoluto. Es importante sacar de lo ideológico este debate y llevarlo a lo jurídico. La Ley de Reconciliación Nacional es un acuerdo, es una ley dictada en el Congreso, y hay un artículo que habla de la extinción de la pena de genocidio, tortura y desaparición forzada.

Así, en el marco de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, todos los crímenes de guerra no se puede declarar que no existieron.

La Convención contra la tortura y el Genocidio señala que en caso haya genocidio que se enjuicie y sancione. Y en el de tortura, lo mismo. Desde 1949, la Convención del Genocidio lo señala así. Nadie la juzga eso en Guatemala, por eso nos fuimos a España.

Me parezca que se opone paz a justicia. Es lo mismo. Es parte de un proceso de paz construir una memoria. Por eso ha habido juicios por genocidio, por esclavitud sexual.

La ley de reconciliación no está en el olvido

Hay delitos de carácter internacional y son aquellos hechos que voltean la conciencia de la humanidad. La atrocidad es tal que la reacción es que son delitos que son imprescriptible. La paz no riñe con un derecho humano a la verdad y la justicia.

En Guatemala después de 20 años se ha logrado construir una verdad en los procesos y condenar a las personas.

En el Congreso hay un pacto de corruptos. Hay un conjunto de militares que aceptaron sus culpas y fueron condenados, y estos diputados pretenden con un decreto, perdón y olvido.

La narrativa de la verdad… los informes del Remhi  y de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) arrojaron cualquier conclusión de esto. Aparte de todos los libros, Porras Castejón… actos genocidas. dice en su libro. Él era testigo de la defensa a favor del general Efraín Ríos Montt. Se estaba desdiciendo.

Lo del genocidio y todo este lenguaje y reivindicación porque haya justicia surge con toda esta construcción de la verdad. El Remhi y el informe de la CEG son de 1988… 1989. Los juicios son del año 2000… tomó su tiempo.

Hay que entenderlo bien desde el punto de vista jurídico. Por qué es inconstitucional. Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional no tendrán vida jurídica. Es inconstitucional, porque Guatemala, según el artículo 149 constitucional, se rige con base en normas de derecho internacional.

La Corte Internacional no puede decir que el perdón y olvido es válido. Hay jurisprudencia suficiente que es supremo al americano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala tiene que respetar la justicia en el concierto de las naciones. ¿O no?

Esta reforma responde al pacto de corruptos, para favorecer al conglomerado militar que está en la cárcel.

¿Qué debería pasar con los guerrilleros?

La Memoria del Silencio, de la  CEH, ha producido plena prueba. Se le cree al documento tanto a nivel nacional como en el sistema interamericano.

El informe dice que el 3 por ciento de las masacres las hizo la guerrilla. Esto tiene que ver con el Ministerio Público (MP), que es el que prioriza qué se persigue penalmente y que no. Que presionen al MP. Si nos comprometimos a que se aplique justicia con base internacional, que se cumpla.

Escuche nuevamente el programa aquí: ▼

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