La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, ligó a proceso penal a la excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, por el delito de asociación ilícita.
También se ligó a proceso a Sandra Torres por el delito de financiamiento electoral no registrado; a decir de la jueza, la expresidenciable no habría reportado Q5.9 millones.
La Jueza de Mayor Riesgo A, ordena que Sandra Torres continúe en prisión preventiva, ya que existe peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad.
Además, dio dos meses de plazo para que el MP finalice con la investigación que corresponde, que vence el 13 de diciembre.
La jueza Domínguez ordena también al Ministerio Público (MP) que extienda la investigación al Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que a éste le corresponde la fiscalización de los partidos políticos.
También a la Contraloría General Cuentas, que a criterio de la jueza debía verificar los registros contables del partido.
Durante la audiencia judicial llevada a cabo hoy, la juzgadora afirmó que hay suficientes indicios presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), para iniciar el proceso contra Torres.
La defensa de la excandidata a la Presidencia había solicitado a la jueza que dictara falta de mérito en el caso de un supuesto delito de financiación electoral ilícita que se sigue en su contra.
Durante el desarrollo de la audiencia la defensa también había asegurado que Torres no incurrió en ninguno de los delitos imputados y por el Ministerio Público y pidió decretar “falta de mérito”.
La Feci imputó a Torres los delitos de financiación electoral ilícita y asociación ilícita por supuestamente negociar fondos para la campaña electoral de 2015 de forma irregular y sin reportarlos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Sus abogados aseguran que Torres tuvo distintos cargos dentro del partido UNE desde su formación en el año 2001 y que la Fiscalía no ha logrado probar que de manera personal y directa haya cometido un delito.
Durante varios días, la jueza Domínguez tuvo que revisar cada uno de los 300 medios de convicción presentados en este caso, así como los argumentos de la defensa y de la acusación en este caso que involucra a la excandidata presidencial, que perdió las elecciones presidenciales el pasado 11 de agosto.
