Jaime Hernández, abogado defensor del exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Othmar Sánchez, habló sobre el proceso que se tiene en contra de su patrocinado sindicado en el caso Botín Registro de la Propiedad.
Hernández explicó que el juez Sexto Penal, Carlos Toledo, revocó la orden de captura contra Sánchez, debido a que se determinó que siempre hubo una intención de su patrocinado en solventar su situación jurídica
Asimismo, aseguró que la orden que en su momento solicitó el Ministerio Público (MP) era “ilegal”.
Además, afirmó que será el próximo 27 de octubre cuando el exdiputado del Parlacen se presente a la audiencia para solventar su situación legal.
Juzgado Sexto revoca orden de captura
El Juzgado Sexto revocó la orden de captura contra el exdiputado Sánchez, señalado en el caso Botín Registro de la Propiedad.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), informó que impugnarán lo resuelto a favor del exdiputado Sánchez.
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— Joel Maldonado (@JMaldonado_EUD) August 18, 2020
De acuerdo con Sandoval, no se dio el plazo al Ministerio Público (MP) para pronunciarse sobre lo pedido por la defensa del exparlamentario.
Sandoval también indicó que Sánchez estuvo prófugo por más de un año y fue citado a una audiencia para el 27 de octubre.
Además, explicó que la orden de captura fue un llamado para acudir al juzgado, pero el exdiputado huyó de la misma, y no hubo ningún acto que manifestara una intención de comparecer al proceso.
Señalamientos
La Feci indica que el exparlamentario era dueño de la empresa Fulanos y Menganos, entidad que supuestamente prestó el servicio de 564 desayunos al Registro General de la Propiedad, esto por un precio de Q90 mil, sin embargo, las pesquisas explican que estos no se entregaron.
La Contraloría revisó el caso y confirmó las irregularidades.
El pago se realizó con un cheque que se entregó a Mario Estuardo Orellana López, el 10 de diciembre de 2013.
El dinero fue depositado en una cuenta bancaria de la entidad Carnes y Ensaladas Sociedad Anónima, desde la que Sánchez Herrera dispuso la distribución de fondos.
