19 abril, 2024 | 11:50 pm
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PDH señala vulnerabilidad de adultos mayores durante pandemia

“La atención pública de sus necesidades de salud ha sido extremadamente precaria y el soporte familiar ha resultado frágil”, destacó el procurador Jordán Rodas.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, expresó que durante el período de la pandemia del Covid-19 se incrementó la vulnerabilidad de las personas mayores.

Por medio de un comunicado, el magistrado de conciencia indicó que en esta emergencia sanitaria se evidenció la extrema vulnerabilidad de este grupo poblacional.

“La atención pública de sus necesidades de salud ha sido extremadamente precaria y el soporte familiar ha resultado frágil”, destacó.

Asimismo, consideró que los ciudadanos están siendo sometidos a diversas formas de abuso, incluyendo violencia física y psicológica, abandono y negligencia.

También señaló que existen barreras actitudinales en ámbitos privados y laborales y que, además, son blanco de fraudes financieros, entre otros.

Su pronunciamiento se dio en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio.

Recomendaciones para atender a adultos mayores

Rodas recordó que el Estado tiene la obligación de proteger la salud física, mental y moral de las personas mayores.

Y expuso que el artículo 51 de la Constitución Política de la República define que para ello se debe garantizar el acceso a la educación, salud, alimentación, previsión social y seguridad.

En este contexto, Rodas su condena ante la vulnerabilidad que enfrentan las personas de la tercera edad en el país e hizo una serie de recomendaciones a las autoridades. Entre estas:

  • Que el gobierno emprenda acciones de prevención y erradicación del maltrato y abuso contra las personas mayores, en el marco de la competencia del Comité Nacional de Protección a la Vejez.
  • Que el Congreso de la república apruebe la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
  • Que los organismos de justicia propicien las rutas que faciliten el acceso de las personas mayores a interponer denuncias frente a actos de abuso y maltrato.

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