El Ministerio Público (MP) apeló la resolución por medio de la cual se les otorgaron medidas sustitutivas a cuatro magistrados titulares señalados de incurrir en irregularidades en el proceso de adquisición de un sistema informático para las elecciones generales 2023.
El ente investigador, a cargo de la fiscal general, Consuelo Porras, busca que sean enviados a prisión preventiva, bajo el argumento de que existe peligro de destruir, modificar o falsificar elementos de prueba, obstaculización a la averiguación de la verdad, además de existir peligro de fuga.
La información acerca de la impugnación fue confirmada por el magistrado Ranulfo Rojas, uno de los profesionales que fueron ligados a proceso penal la semana pasada por el delito de fraude.
El togado recordó que el ejercicio de la acción penal le compete al ente investigador; sin embargo, expuso que, al no estar de acuerdo con esta impugnación, se preparan acciones que en derecho corresponden para mantener su libertad.
#EUNacionales Magistrados titulares del TSE retoman funciones y agradecen apoyo
La magistrada presidenta, Blanca Alfaro, resaltó que es un día de fortalecimiento institucional, en el que quedó integrado el TSEhttps://t.co/WQQ7aSi1x3
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 15, 2024
Magistrados ligados a proceso penal
La fiscalía vincula a los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco con supuestas anomalías al momento de adquirir el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Los sindicados aseguran que esa contratación se dio conforme a la ley, ante lo cual descartaron haber incurrido en los hechos ilícitos que se les imputan.
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El Juzgado Duodécimo analizó lo expuesto por las partes procesales durante la audiencia de primera declaración y consideró que existen indicios de que pudo existir alguna irregularidad, por lo cual ordenó investigar a las autoridades electorales.
En su resolución, les otorgó medidas sustitutivas que incluyen la prohibición de salir del país, no comunicarse con las empresas involucradas en el proceso ni con auditores de la Contraloría. También les concedió arresto domiciliario y determinó el pago de una caución económica de Q100 mil.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
