La Policía Federal de Brasil acusó este miércoles al ministro de Comunicaciones, José Juscelino Rezende Filho, de haber participado en una trama de desvíos de dinero público en 2021, cuando ocupaba un escaño como diputado.
Según la Policía Federal, una investigación iniciada hace varios meses determinó que el actual ministro del Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva incurrió en los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y corrupción pasiva.
El resultado de la investigación será analizado por la Corte Suprema, debido a la condición de aforado del ministro, quien la semana pasada fue convocado por la Policía Federal a prestar declaración, en la que optó por permanecer en silencio.
El caso se remonta a 2021, cuando Juscelino Filho ejercía como diputado y habría destinado unos 7,5 millones de reales (1,3 millones de dólares) en recursos públicos a obras que presuntamente favorecieron a algunos de sus familiares.
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El dinero correspondía a enmiendas que los parlamentarios pueden proponer en los presupuestos y dirigir a proyectos de interés en los estados que representan.
En el caso que se investiga, el dinero fue destinado a la ciudad de Vitorino Freire, en el estado de Maranhão, donde la hermana del parlamentario, Luanna Rezende, ejercía como alcaldesa, y se habrían realizado obras en tierras próximas a su familia.
Juscelino Filho es miembro de Unión Brasil, formación de centroderecha que se ha plegado al Gobierno de Lula, quien es miembro del Partido de los Trabajadores (PT), de línea socialista y que él mismo fundó en 1980.
Desde que está en el Gobierno, el ministro ha sido objeto de otras investigaciones, una de ellas realizada por el Consejo de Ética de la Presidencia por un supuesto uso irregular de aviones del Estado.
También está investigado en la Justicia Electoral, por presentar informaciones supuestamente falsas sobre su patrimonio en ocasión de los comicios de 2022, cuando renovó su mandato de diputado.
Lula ya gobernó entre 2003 y 2010, en dos mandatos consecutivos en los que enfrentó diversos escándalos de corrupción y, frente a su tercer periodo en la Presidencia, ha dicho que no tolerará ninguna irregularidad, aunque ha matizado que todo sospechoso tendrá derecho a “probar su inocencia”.
Con información de EFE
