En medio del debate por las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), el Consejo Nacional Empresarial (CNE) manifestó una postura firme contra la presencia de actores con potencial conflicto de interés en los procesos de decisión sobre inversión pública. El sector privado responsable enfatizó que no respaldará la participación de organizaciones gremiales o empresariales en los órganos que determinan el desarrollo de proyectos financiados con fondos públicos.
Para este martes, 18 de noviembre, está programado en agenda del Congreso de la República la discusión de los artículos y redacción final del proyecto de decreto que busca aprobar reformas al Decreto Número 16-2010, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.
La exigencia de una gobernanza técnica, independiente y comprometida con el interés público fue uno de los puntos centrales expuestos por el CNE. Argumentaron que alcanzar el verdadero potencial de las APP requiere seguir los estándares internacionales recomendados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este sentido, resaltaron que, en los países con instituciones robustas, los empresarios sólo aportan conocimientos pero no intervienen en la priorización de proyectos.
El Consejo también advirtió sobre los riesgos de permitir que quienes podrían beneficiarse de proyectos de infraestructura tengan poder de decisión en la definición de "las reglas del juego". Tal situación, alertó el CNE, genera inseguridad entre inversionistas internacionales, disminuye la competencia y afecta directamente la calidad de los proyectos. Enfatizaron que la atracción de inversión internacional es fundamental para que el país pueda ejecutar proyectos de alta complejidad y sofisticación.
Peligros del corporativismo y el conflicto de interés
El CNE fue enfático al señalar que el modelo corporativista ya ha demostrado su ineficiencia, distorsionando la competencia y debilitando la institucionalidad. En su pronunciamiento, destacaron que un sistema de alianzas público-privadas afectado por conflictos de interés incrementa el riesgo país, encarece las fuentes de financiamiento y limita las posibilidades de desarrollo.
La organización empresarial sostuvo que la modernización y eficiencia del modelo de APP en Guatemala dependen de instituciones fortalecidas y procesos imparciales, con criterios puramente técnicos. La fortaleza institucional es vista por el sector como una condición imprescindible para avanzar hacia un desarrollo sostenible y transparente.
Llamado urgente al Congreso
Desde el sector privado, el Consejo Nacional Empresarial hizo un llamado directo al Congreso de la República para reformar la gobernanza de las alianzas público-privadas. Señalaron que es urgente que estas reformas se orienten al beneficio colectivo, la equidad, la transparencia y una visión de largo plazo.
El comunicado insiste en que fortalecer la gobernanza y proteger el interés público evitaría que el modelo de APP se convierta en un espacio de privilegios para sectores particulares. La eliminación del corporativismo y el establecimiento de normas claras y justas ayudarían a restaurar la confianza tanto de la ciudadanía como de los inversionistas extranjeros.
El pronunciamiento del CNE se produce en un contexto en el que la revisión de las reglas y la transparencia en las decisiones sobre infraestructura pública resultan claves para el futuro económico del país, marcando un punto de inflexión en la manera en que Guatemala puede aspirar a proyectos de gran envergadura bajo un modelo moderno y alejado de los intereses particulares.
