El Ministerio Público (MP) notificó al Tribunal de Mayor Riesgo "C" acerca de que estaría renunciando a los testigos técnicos que formaban parte del juicio que se sigue contra tres exdiputados señalados de una serie de irregularidades que se investigan dentro del caso conocido como Asalto al Ministerio de Salud.
En el marco del proceso legal, la Fiscalía había planteado la participación de estas personas en el debate oral y público para que rindieran sus testimonios y poder respaldar las acusaciones contra los sindicados; sin embargo, surgieron inconvenientes que ya no permitirían que formaran parte.
Según se detalló, se trataba de ex trabajadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad que fue disuelta desde hace años al no renovarse su mandato por parte del Estado. Al ya no estar vigente, también cesaron las funciones de su personal, lo que ha hecho imposible poder localizar a quienes estaban designados para declarar como testigos.
Tras conocer los argumentos del MP, el Tribunal resolvió de forma unánime fijar un plazo de tres días para que la Fiscalía ubique a los dos testigos técnicos, a fin de que declaren en la continuación del juicio que se desarrolla en contra de los exdiputados.
Los sindicados en este expediente son los exparlamentarios Aracely Chavarría Cabrera, Humberto Leonel Sosa y Ronald Estuardo Arango, a quienes se les atribuye la posible comisión del delito de tráfico de influencias.
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Juicio contra exdiputados
A finales de mayo pasado comenzó el juicio contra los exdiputados Ronald Arango, Aracely Chavarria y Huberto Leonel Sosa, quienes están señalados dentro del caso "Asalto al Ministerio de Salud".
Esta investigación, que estuvo a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), fue revelada en julio de 2019. En ese entonces, se dio a conocer que entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota (PP), operó una estructura que cobró sobornos por al menos Q53 millones a través de empresas de cartón coludidas con funcionarios.
Entre las pesquisas del caso se determinó que la corrupción figuraba a través de proyectos de remoción y reparación de hospitales durante el estado de Calamidad del terremoto de San Marcos.
Además, en la investigación se estableció que con el nombramiento de Jorge Villavicencio como titular de la cartera de Salud, se iniciaron las actividades delictivas en conjunto con su hija, Saraí Villavicencio Delgado, y junto con el excandidato presidencial y exdiputado, Luis Fernando Pérez.
De igual forma, se pudo determinar que la organización criminal estuvo integrada por más de 50 personas, entre funcionarios y particulares.
* Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7
