La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se profundiza tras la polémica reelección de Walter Mazariegos como rector, en un proceso calificado por muchos como el segundo fraude dentro de la institución. Durante las últimas semanas, se han reportado numerosas denuncias de estudiantes que aseguran haber sido eliminados académicamente, con casos presentados ya ante el Ministerio Público, por estar en contra de la actual administración.
El tema fue analizado este viernes 31 de julio en el programa "A Primera Hora", de Emisoras Unidas, donde el doctor Javier Monterroso, experto en Derecho Constitucional y exsecretario privado del Ministerio Público, explicó que la inacción de la justicia permitió el avance de irregularidades en la USAC. Según Monterroso, tanto la Corte de Constitucionalidad como las salas de apelaciones ignoraron amparos preventivos presentados con anticipación, lo que generó un clima de impunidad a favor de Mazariegos.
El entrevistado indicó que, desde 2022, varias denuncias y acusaciones ya habían sido presentadas contra el rector. Sin embargo, aunque la justicia llegó a ordenar elecciones pendientes dentro del Consejo Superior Universitario, ni Mazariegos ni el Consejo acataron las resoluciones, ante la ausencia de seguimiento judicial. Esta cadena de inacciones permitió que el liderazgo universitario actuara con total autonomía e impunidad.
Monterroso recalcó que el Ministerio Público bajo la dirección anterior protegió al rector y señaló que ahora corresponde al nuevo titular, Gabriel García Luna, iniciar la persecución penal contra quienes hayan incumplido la ley. Se estima que existen más de 17 denuncias previas y muchas más tras el reciente conflicto con estudiantes. Destacó posibles delitos de discriminación política y destrucción de archivos personales, en los que se ha dirigido contra estudiantes opositores a Mazariegos, eliminando o desapareciendo sus expedientes académicos.
Posible conflicto de interés
El analista también abordó la actitud de la magistrada Julia Rivera, designada por la USAC ante la Corte de Constitucionalidad, quien no se inhibió pese a su vínculo familiar con uno de los miembros implicados en un caso relevante.
Monterroso criticó la falta de inhibición como muestra de permisividad social frente a los conflictos de interés y recordó que, aunque la ley no obliga a estos magistrados a excusarse, es responsabilidad ética actuar correcta y transparentemente ante tales situaciones.
