Luego de que trascendiera que dos fiscales podrían ser objeto de atentados, se consultó a dos analistas con respecto al tema.
Uno de ellos es Edgar Celada jefe del área de justicia y seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
En ese sentido, señala que lo que se está observando es una situación preocupante en términos del deterioro de la institucionalidad pública y de seguridad.
Sus declaraciones se dan ante la alerta de posibles atentados contra los jefes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI y de Delitos Electorales.
Gobernación debe actuar
Celada agrega que actualmente se está en una situación de emergencia. Por tal razón, el Ministerio de Gobernación debería tener una contribución en el tema. De esa cuenta debería darle seguridad a los funcionarios que están haciendo investigaciones delicadas.
"El Estado mismo debería de contribuir a dar esa seguridad a quienes investigan contra el crimen organizado", agrega.
Señala que además existe otro problema, y es que el Estado guatemalteco está bajo el chantaje y amenaza del crimen organizado.
Análisis son necesarios
Quien también se refiere al tema es el investigador del Cien y ex ministro de gobernación Francisco Jiménez.
El experto señala que es difícil establecer si necesitan un aumento de seguridad. El Ministerio Público (MP) tiene un protocolo de análisis de riesgo que implica una investigación de la situación de los fiscales en el que cada caso es independiente.
"Es una serie de análisis que hay que hacer para establecer las medidas que hay que tomar", asegura.
De acuerdo a su experiencia, el MP tiene la capacidad técnica para llevar a cabo estos procesos. A pesar de eso considera que ninguna institución puede estar revelando lo que hace al tratarse de situaciones delicadas.
Los dos expertos fueron consultados para conocer si debería el MP, a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, aumentar las medidas de seguridad para los fiscales.
*Con información de Manuel García.
