La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad y a la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán.
Dicha entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó que emitió el 23 de octubre la resolución 55/2019, en la cual otorga la protección a la jueza Aifán, así como a los magistrados de la CC, José Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía, José Mynor Par Usen y María Cristina Fernández.
“En ambos casos ha considerado que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, destacó la CIDH.
https://emisorasunidas.com2019/10/28/sala-detencion-ilegal-oficial-tatiana-guzman/
CIDH otorgó medidas cautelares de protección a favor de juez Érika Aifán Dávila y también a los magistrados José Francisco de Vela, Bonerge Amílcar M. Orellana, José Mynor Par Usen y María Cristina Fernández, de la Corte de Constitucionalidad en #Guatemala https://t.co/jgv08emo0j
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) October 28, 2019
Amenazas
Además, la entidad dijo: “La Comisión tomó en cuenta que los beneficiarios estarían enfrentando una serie de amenazas a sus derechos, hostigamientos, presiones y represalias como consecuencia de ciertos casos de alta repercusión mediática, especialmente a la luz del contexto guatemalteco. En particular, se señaló la existencia de una supuesta campaña de desprestigio en redes sociales y que se habría creado un clima de animadversión en su contra, entre otras injerencias en sus labores como juez y magistrados”.
También se detalló que “la aparente ausencia de medidas más concretas para disminuir el clima de hostilidad en contra de los beneficiarios y estrategias tendentes a respaldar institucionalmente su labor, la Comisión consideró que, con base en la información aportada por las partes, la juez y los magistrados todavía seguían en una situación de grave riesgo, máxime habida cuenta del avance de las causas a sus cargos y posible aumento de los ataques en su contra”.
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Estado obligado a proteger
En dicho comunicado, la CIDH resaltó que el Estado de Guatemala deberá adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los beneficiarios.
Sobre ello, se añadió: “Que (el Estado de Guatemala) adopte las medidas necesarias para garantizar que los beneficiarios puedan llevar a cabo sus labores como juez y magistrados sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones; que concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las medidas adoptadas tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta resolución y así evitar su repetición”.
