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¿Es viable reactivar la pena de muerte en Guatemala? Diputados se pronuncian

El presidente Alejandro Giammattei pidió al Congreso de la República que le dé seguimiento al tema, con el fin de que nuevamente se pueda aplicar este castigo, especialmente en casos de violencia contra la niñez.

Luego de que el mandatario Alejandro Giammattei instara al Congreso a evaluar la reactivación de la pena de muerte y su aplicación principalmente en crímenes contra menores, el tema fue analizado en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Diputados de distintas bancadas se pronunciaron con relación al proceso que se debe seguir y coincidieron en que el primer paso para lograr lo que sugiere el gobernante depende principalmente de él.

Alexándra Ajcip, de Visión con Valores (Viva), consideró que como bloque ya hicieron un análisis muy profundo sobre la petición.

A su criterio, lo referido por Giammattei no se trata de un oportunismo político, como se ha mencionado, sino que se da en respuesta a una petición de la población que ya está cansada de los hechos de violencia, especialmente de los casos recurrentes contra mujeres y niñas.

Sin embargo, manifestó que no es al Legislativo al que le corresponde decidir si se aplica o no la pena de muerte, sino que el presidente de la República, que es el encargado de la política internacional del país, debería dar el primer paso.

El Congreso se rige dentro del marco de la Constitución, pero esta detalla que los convenios y pactos ratificados por Guatemala entran a ser leyes guatemaltecas, explció.

En ese sentido, mencionó que el Pacto de San José viene a ser ley para los guatemaltecos, entonces, el encargado de verificar si es conveniente para el país hacer cambios, es el mandatario quien, a través de la Cancillería, debe hacer los procedimientos necesarios para denunciar ese tratado.

Por aparte, Ajcip dijo que la pena de muerte no es la solución a los problemas del país, pero sí un aliciente ante los hechos de violencia “atroces”.

La parlamentaria añadió que debe sumarse también el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia y de las encargadas de velar por la niñez, incluyendo el verificar que tengan los fondos suficientes.

Declaraciones “irresponsables”

Para el diputado Bernardo Arévalo, de Semilla, las declaraciones de Giammattei son irresponsables, pues se crea una cortina de humo para distraer la atención de la incapacidad del gobierno para generar políticas públicas eficientes para evitar casos “horribles” como el de Sharon y frenar la ola de violencia contra las mujeres.

Las calificó además como demagógicas porque es jurídicamente inviable, pues debeRÍA hacerse el proceso para extraer a Guatemala del Pacto de San José, que es la Convención Interamericana de Derechos humanos.

Aunado a ello, se tendría que denunciar el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, lo cual refirió que colocaría a Guatemala en una categoría junto con China, Bosnia y otros países.

En opinión del legislador, el concepto que plantea el gobernante técnicamente es un concepto inservible.

“Porque ya está demostrado que la pena de muerte no tiene ningún impacto como disuasivo ante los homicidios, eso está estudiado y demostrado en todo el mundo”, enfatizó.

En ese sentido, detalló que plantear que la pena de muerte va a resolver al violencia e inseguridad de Guatemala es engañar a la población.

“Cortina de humo”

En tanto, Orlando Blanco, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el presidente Giammattei actuó de manera irresponsable y populista al asegurar que el Congreso debe plantear de nuevo la pena de muerte.

Señaló que hay varias sentencias reiteradas en la Corte de Constitucionalidad (CC) en donde se establece que la misma es inaplicable para el caso de Guatemala.

“La discusión está más que superada y el Congreso no tiene nada que hacer ante ello”, aseguró.

Por ello, opinó que el presidente lo que está haciendo es tratando de generar una cortina de humo, en un momento en el que los guatemaltecos deberían de estar hablando de otros temas nacionales.

Entre estos, mencionó la vacuna del Covid-19 y el plan para su aplicación, qué va a pasar con el proceso de elección de magistrados del Organismo Judicial y cómo avanza la elección en la CC.

“Pero (Giammattei) recurre a una estrategia muy torpe para tratar de desviar la atención en este momento”, añadió.

Y señaló que el funcionario debería trabajar, junto al ministerio de Gobernación, en dar cuentas sobre la inseguridad en el país y en definir planes y rutas a seguir en los casos de desaparición de menores.

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A favor de la pena de muerte

Juan Carlos Rivera, de la bancada Victoria, dijo que está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte y que esta incluso la misma es parte del plan de Gobierno del partido.

“La Constitución la contempla en el artículo 18 y está vigente, pero por ahora no es aplicable porque existen dos resoluciones de la CC que prohíben su aplicación”, manifestó.

Y al igual que sus colegas, recordó que el país pertenece al Pacto de San José, que prohíbe su aplicación, pero existe el proceso para iniciar la denuncia de ese convenio.

El responsable de ello es el presidente, según el artículo 183, añadió.

“Mi bancada Victoria, cuando llegue al Congreso esta denuncia que emita, nosotros la apoyaremos”, adelantó.

En cuanto a la ruta a seguir, dijo que después de ratificado por el Legislativo, el Canciller debe hacer las gestiones para denunciar el pacto y cuando el proceso esté en firme, ya se podría legislar en el Congreso para aplicar la pena de muerte.

Es importante aplicar la pena de muerte para estos delitos tan graves que se están dando en el país, concluyó.