Exjefe de CICIG señala corrupción en compra de vacunas rusas

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Exjefe de CICIG califica compra de vacunas rusas como un “gran acto de corrupción”

El excomisionado Iván Velásquez se refirió a la negociación entre Guatemala y Rusia para adquirir dosis contra el coronavirus.

Iván Velásquez
Iván Velásquez | AFP

El extitular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, se pronunció con relación a la adquisición de vacunas Sputnik V realizada por el país.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, el jurista consideró que el proceso está marcado por irregularidades y señaló como responsable al mandatario Alejandro Giammattei.

“En el tema de las vacunas rusas por las que el Gobierno de Guatemala pagó 80 millones de dólares y no se sabe dónde están (ni las vacunas ni el dinero) hay un gran acto de corrupción del que es responsable directo el presidente Giammattei #DóndeEstáElDinero”, escribió.

Cuestionada compra de vacunas

Guatemala adquirió 16 millones de dosis contra el coronavirus, Sputnik V, por las cuales ya pagó Q614.5 millones correspondientes al 50 por ciento del total de la compra.

Sin embargo, hasta el momento únicamente han sido entregadas 550 dosis. El cargamento más reciente ingresó anoche e incluyó 200 mil dosis.

La entrega del fármaco ha avanzado a pasos lentos, pues el fabricante ha aducido tener problemas de producción ante la alta demanda a nivel mundial.

En tanto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha asegurado que se han hecho constantes peticiones para que se agilicen las entregas y poder tener acceso a las vacunas lo antes posible al mismo.

Hasta ahora se han recibido tres lotes de 50 mil dosis y dos de 200 mil. Estos últimos fueron producto de un acuerdo alcanzado durante el viaje a Rusia del canciller guatemalteco, Pedro Brolo.

Por el momento no se tiene una fecha probable para una próxima entrega de vacunas contra el coronavirus en el marco de este contrato, el único que Guatemala ha concretado de forma bilateral.

Esta situación ha llevado a que se presenten denuncias penales contra la ministra de Salud, Amelia Flores, el presidente Alejandro Giammattei y otros funcionarios, entre ellos, el canciller.

Incluso la Contraloría General de Cuentas planteó una querella por considerar que pudieron haber irregularidades en el proceso de negociación.

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