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Exjefe de FECI resalta el “despertar ciudadano” que generó el caso La Línea

El exfiscal Juan Francisco Sandoval se refirió al inicio del juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti, entre otros implicados en la organización de defraudación aduanera.

El extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, se refirió al inicio del juicio del caso La Línea, que se dio tras casi siete años desde que se presentaron los resultados de la investigación.

Ayer comenzó el debate contra 28 personas señaladas de ser parte de una organización dedicada a la defraudación aduanera. Entre ellas se encuentran el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Sandoval señaló que la gran cantidad de tiempo que ha transcurrido hasta poder llegar al debate se puede entender por los distintos tropiezos que hubo en el trámite procesal del caso.

Explicó que en al menos en ocho oportunidades fueron suspendidas las audiencias de etapa intermedia, en las que se discutiría si se iba a llegar hasta esta instancia. También ha habido muchas afectaciones, pues se suspendieron las actividades derivado de la pandemia.

“De hecho, hubo intentos ayer de parte de los involucrados para suspender (el juicio) derivado de las condiciones sanitarias que existen en el país”, agregó el exfiscal.

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Recordó que este caso generó un “despertar ciudadano” en 2015, porque evidenció cómo estaban operando las redes político económicas ilícitas y la manera en que se desarrollan los grandes casos de corrupción en el país.

“Reconozco lo emblemático que es este caso porque puso en discusión la importancia que tiene el fortalecimiento de las instituciones”, enfatizó.

Asimismo, dijo que las pesquisas relacionadas con este expediente estuvieron a cargo de la unidad que él dirigió en el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

De acuerdo con el exfiscal, el trabajo de los equipos de las distintas instituciones no solo permitió revelar las operaciones ilegales en las principales aduanas del país.

También, con los hallazgos de este caso se pudo descubrir cómo el crimen organizado estaba involucrado en otras entidades, representado por medio de personas que utilizaron el poder y la agenda estatal para responder a sus propios intereses.

Destaca solidez de la investigación del caso La Línea

El exjefe de la FECI señaló la importancia de que se inicie el debate del caso La Línea y aseguró que será por medio del diligenciamiento del material probatorio que se podrá establecer que existe responsabilidad de los involucrados.

Asimismo, mencionó que “con firmeza y propiedad” podría asegurar que el soporte probatorio en este caso, como en los casos presentados durante el tiempo en el que desarrolló sus funciones, tiene solidez.

“La robustez en este caso deviene no solo de que existen 66 mil interceptaciones telefónicas que fueron analizadas, el análisis también de por lo menos 6 mil comunicaciones electrónicas y el trabajo de expertos financieros en la revisión de documentos”, dijo.

Agregó que también se debe tomar en cuenta que el material probatorio que reveló la existencia de La Línea no parte solo de prueba testimonial, pues no es en base a lo que una persona informó que se abrió el expediente, sino que se antepone la existencia de elementos científicos de prueba y los métodos para descubrir qué estaba ocurriendo.

Aunque Sandoval vislumbra un resultado positivo en cuanto a que avance la aplicación de justicia contra los acusados, resaltó que la forma en que funciona el sistema en Guatemala pone en perspectiva el hecho de qué pasará.

“Yo tengo la confianza de que el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B, de la manera en que quedó integrado, analizará cada elemento que será presentado por la fiscalía en el desarrollo del debate y que lo valorará de acuerdo a la ley”, puntualizó.

Finalmente, Sandoval hizo referencia a la persecución que existe contra de quienes actuaron contra las redes de corrupción que operaban en el país.

“Yo soy un perseguido político por la actual administración gubernamental. De la misma forma, estos esfuerzos están dirigidos a otros operadores de justicia, incluida la jueza Erika Aifán”, concluyó.

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