23 abril, 2024 | 3:04 pm
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Exfiscal Sandoval señala “afán del MP de criminalizar a operadores de justicia”

El extitular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, se refirió al caso Cooptación y Corrupción Judicial, por el cual se capturó a una exmandataria de la CICIG.

El extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, señaló que el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, continúa actuando con el “afán” de criminalizar a operadores de justicia y fiscales anticorrupción.

Señaló que este tipo de acciones de parte del ente investigador se está profundizando en este momento y se dirigen principalmente contra quienes trabajaron en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en Emisoras Unidas, en la cual se le solicitó su pronunciamiento con relación al operativo que se realiza este jueves en seguimiento al caso Cooptación y Corrupción Judicial.

A criterio del exfiscal, además de que estas personas expusieron su vida, seguridad física y cualquier otra gestión mientras funcionó la CICIG, están poniendo también en aprietos el ejercicio de la profesión y la defensa de los derechos humanos.

Resaltó que, aunque el MP afirma que la investigación está en reserva, el concepto que conocen quienes han estado involucrados en la misma es que se busca castigar a los abogados que defienden a quienes están siendo criminalizados.

“También llama mucho la atención que el MP para que puedan ejercer la defensa aduce la reserva del caso, pero actores anónimos y radicales en redes sociales filtran con antelación la información a la opinión pública”, agregó el entrevistado.

En ese sentido, manifestó que existe una “utilización hipócrita” en el manejo de la reserva del caso y que es evidente que el MP de nuevo busca intimidar y obstruir el derecho de la defensa de las personas a quienes se está señalando.

“Queda ahora en los medios de comunicación, la comunidad nacional e internacional que se pronuncien y se dé seguimiento a esta situación porque los tribunales de justicia no están resguardando el derecho de los ciudadanos”, enfatizó Sandoval.

“Al contrario, lo que está ocurriendo es que prácticamente se está diciendo no se defiendan, defenderse también es delito”, puntualizó.

“Cacería” contra investigadores y exfiscales

Sandoval también se refirió a los señalamientos contra Leyli Indira Santizo Rodas, exmandataria de la CICIG; y Eva Xiomara Sosa, exintegrante de la FECI, dentro del caso Cooptación y Corrupción Judicial.

Compartió que Sosa fungió como fiscal de sección adjunta de la FECI hasta noviembre de 2017 y posteriormente estaba desarrollando funciones en otra fiscalía.

Aunque trascendió la posible detención de esta persona, Sandoval indicó que no tenía información sobre ello, únicamente sobre la captura de Santizo.

Explicó que la CICIG por ser una figura jurídica necesitaba mandatario para representarla en los tribunales de justicia y acciones presentadas y ese era el trabajo que desarrollaba Santizo.

Su rol en la comisión también estaba encaminado a querellarse a procesos y actuaba a nombre de esa entidad internacional en las distintas audiencias.

“Conozco a la abogada Santizo y (reconozco) la calidad profesional y el trabajo de ella que permitió avances significativos en casos tan importantes como Comisiones Paralelas”, dijo Sandoval.

Agregó que de forma directa trabajó con ella en un caso relacionado con la familia Mendoza Matta, los casos Génesis y Cancerbero, por lo que manifestó que la vida e integridad física de ella está en riesgo.

En ese sentido, hizo un llamado a los medios y la sociedad civil organizada para que, según sus palabras, más que solidarizarse se le ponga un “hasta aquí” a la fiscal general.

El exfiscal mencionó que la “ambición desmedida” que le ha provocado a Porras el poder que tiene en el MP está generando que haya transgredido la carrera fiscal, tomando en cuenta la forma en la que él fue destituido.

Finalmente, señaló que durante la gestión de la fiscal no se ha avanzado en graves casos de corrupción y se mantiene una “cacería” contra operadores de justicia que en su momento lograron detectar las redes político-económicas ilícitas que funcionan en el país.

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