Durante su intervención en la sesión protocolar ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el presidente Alejandro Giammattei expresó su inconformidad por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que coloca a Guatemala en la lista negra de violaciones en este tema.
La entidad añadió a Guatemala a inicios de junio a su lista negra de los países donde observa graves violaciones a los derechos humanos, en la que figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), denuncia “acciones estatales que debilitan la independencia judicial y ponen en entredicho la lucha contra la impunidad y la corrupción” en Guatemala, señala el Informe Anual 2021.
El mandatario señaló hoy que Guatemala es un país soberano y democrático y consideró que la comisión ha tenido una serie de acciones por medio de las cuales se extralimitó a sus funciones y no respetó la democracia y los marcos jurídicos nacionales.
De acuerdo con el mandatario, esta nación reitera su compromiso con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y contempla la preminencia de las leyes internacionales en esta materia, la separación de los poderes y el ejercicio de las funciones dentro de un marco de legalidad.
En ese contexto, aseguró que el Estado de Guatemala presentó oportunamente su inconformidad con el contenido del documento de la CIDH y, de manera enérgica, lamentó la decisión de que se le incluyera en el referido capítulo cuando, según sus palabras, la situación actual del país en derechos humanos y combate a la corrupción no corresponde y es contraria a los supuestos previstos por la entidad.
En su discurso, @giammattei detalló una extralimitación de la figura de la prisión provisional en el país. Añadió que varios procesado fallecieron en prisión bajo esta figura jurídica pic.twitter.com/222xuEJr2R
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 28, 2022
“No se ajusta al criterio de inclusión que requiere la existencia de un acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que contravenga el Estado de Derecho. Tampoco existe una infracción sistemática de la independencia del poder Judicial y mucho menos actos de insubordinación de las instituciones del Estado a la autoridad constituida conforme la ley”, resaltó.
Agregó que el informe no visibiliza las acciones, logros y metas alcanzados por el Estado de Guatemala, que se traduce del trabajo de los funcionarios y empleados públicos.
También dijo que se demerita a la inversión y el gasto del erario público en los programas de acciones concretas para salvaguardar los derechos humanos de los habitantes o la reparación digna a las personas vulneradas en sus derechos fundamentales, lo cual rechazó.
https://emisorasunidas.com2022/06/02/guatemala-lista-negra-violaciones-derechos-humanos-cidh/
“El apartado de Guatemala en el capítulo IV ‘B’ se encuentra plagado de errores metodológicos que evidencian la falta de rigor jurídico y sesgo ideológico que afecta a Guatemala”, puntualizó.
Finalmente, dijo que la CIDH debe actuar en forma subsidiaria y no como una cuarta instancia dentro de las instituciones judiciales de un país. Tampoco es la comisión revisora o juzgadora de las resoluciones internas, las cuales tienen regulados sus propios mecanismos de impugnación, concluyó.
Luego de arremeter contra la @CIDH, el funcionario guatemalteco se refirió en la @OEA_oficial sobre la vulnerabilidad del país ante el cambio climático, así como las acciones para el desarrollo económico y para frenar la migración irregular pic.twitter.com/aElpn0Z20j
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Congreso emite señalamientos contra CIDH
Antes de pronunciar su discurso, el gobernante reprodujo un video enviado por el Congreso de la República de Guatemala a la referida instancia, en el que también se abordó el tema y se resaltó que la CIDH publicó en su informe 2021 algunas consideraciones que no son compartidas por ese organismo.
Entre estas se mencionó el incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad atribuible a una falta de voluntad.
El Legislativo, en respuesta, señaló que la CIDH ha incurrido en intromisiones de procesos democráticos internos en curso, violando su mandato y los principios de derecho internacional.
“No existe mandato alguno emanado que autorice a la CIDH a intervenir en debates democráticos nacionales ni en el proceso de deliberación, sanción y promulgación de las leyes”, resaltó el organismo.
