La Fiscalía de Extinción de Dominio concluyó sus operativos en Antigua Guatemala, llevando a cabo allanamientos en propiedades que fueron extinguidas desde el 2016, con un valor estimado de US $8.4 millones. Estos bienes, que incluyen fincas, parqueos y áreas en construcción, fueron sometidos a cinco diligencias para asegurar su efectiva extinción.
En colaboración con la Policía Nacional Civil, la Fiscalía ejecutó allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de evidencia. A pesar de su estado de extinción, estos inmuebles continuaban en uso, lo que motivó la intervención para entregarlos a Senabed con fines administrativos.
El propietario de estos bienes es el exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, quien ya fue sentenciado a 16 años de prisión y una multa de Q13 millones por actos de corrupción y lavado de dinero. Aunque la extinción recae sobre estos activos, la diligencia busca garantizar su disposición efectiva por parte de Senabed.
#MPenAcción #MPfuerteYfirme
La Fiscalía de Extinción de Dominio en coordinación con la Policía Nacional Civil realizó 5 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Antigua Guatemala. pic.twitter.com/mEEm4rDCaJ— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 10, 2023
Allanamientos en Antigua
Las autoridades llevaron a cabo la inspección de dos locales que albergan una boutique con dos áreas distintas: una dedicada a la venta de ropa y otra ubicada en la parte trasera del establecimiento. Además, se inspeccionó otro local que alberga una sala de estética canina. Como parte de los operativos, se otorgó un plazo a los ocupantes de estos inmuebles para que Senabed pueda tomar posesión de los mismos.
El 17 de octubre de 2019, Adolfo Vivar Marroquín, exalcalde de Antigua Guatemala, recibió una condena, junto a otras 17 personas, por actos de corrupción perpetrados en la comuna colonial.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) logró que el Tribunal B de Mayor Riesgo lo declarara culpable de lavado de dinero u otros activos, fraude, peculado y concusión, imponiéndole una pena de 16 años de prisión y una multa de Q13 millones.
