En un hecho sin precedentes en el fútbol español, el Gimnàstic de Tarragona se convirtió en el primer club en presentar una querella criminal contra un árbitro. La acción legal fue dirigida contra Eder Mallo Fernández, quien estuvo al mando del polémico empate 2-2 entre el Nástic y el Málaga el pasado 22 de junio, partido correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de ascenso a LaLiga Hypermotion. El club tarraconense, que no logró el ascenso tras una discutida actuación arbitral, acusa al colegiado de actuar deliberadamente para perjudicar sus intereses.
La querella se sustenta en una investigación llevada a cabo por la agencia de detectives Método 3, que afirma tener pruebas contundentes contra el árbitro. Según la agencia, Mallo Fernández pactó favorecer al Málaga en el partido, multiplicando su remuneración hasta cinco veces su sueldo habitual, que ascendía a 100.000 euros. Además, Método 3 asegura que el árbitro incurrió en un delito de falsedad documental al incluir en el acta arbitral afirmaciones que contradicen los hechos ocurridos tras el partido en el Nou Estadi Costa Daurada.
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Denuncia sin precedentes en el futbol español
En el acta del encuentro, Mallo Fernández relató haber recibido amenazas graves y detalló una serie de incidentes en los vestuarios, incluyendo frases como “Tu hijo va a morir” y “Vais a morir”. Sin embargo, esta versión fue desmentida por los Mossos d’Esquadra, quienes aseguraron que no se registraron intentos de agresión ni amenazas de la magnitud descrita. Este contraste entre los testimonios oficiales y el acta arbitral se convirtió en uno de los pilares de la querella presentada por el Nástic.
Paralelamente a la controversia, el club catalán fue duramente sancionado por los incidentes tras el partido. El Juez Disciplinario Único de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió el cierre del Nou Estadi durante cuatro partidos, argumentando “infracciones muy graves por omisión del deber de asegurar el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos”. Además, se impusieron sanciones significativas a los jugadores David Concha, con 12 partidos de suspensión, y Nacho González, con cinco partidos y tres meses de inhabilitación.
La decisión del Nástic de acudir a la justicia penal marca un precedente en el fútbol español, donde los conflictos relacionados con el arbitraje suelen dirimirse en el ámbito deportivo. Según un comunicado oficial, el club asegura haber recabado pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones de negligencia y posible prevaricación por parte de Mallo Fernández. La querella fue presentada formalmente en los Juzgados de Tarragona, demostrando la determinación del equipo tarraconense de buscar justicia más allá de los organismos deportivos.
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