El Gobierno de Guatemala se pronunció con respecto al anuncio que se hizo en horas de la tarde del pasado lunes 2 de junio con respecto a que se emitieron órdenes de captura en el país en contra del extitular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez; y la fiscal general de la república de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, por su presunta implicación en el caso Odebrecht.
"El (Ejecutivo) rechaza enfáticamente las órdenes de captura giradas contra el embajador colombiano y la fiscal general (de ese país). (...) Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG, así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos", expresó en un comunicado.
Agregó que estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Además, consideró que se suman a la "seguidilla" de actuaciones por parte del Ministerio Público, la fiscal general de la República y jueces, que consideró que están asociados a la corrupción y "han tergiversado" el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional.
De igual forma, el Gobierno a cargo del presidente Bernardo Arévalo aseguró que ya está en contacto con las autoridades del "país hermano" de Colombia para hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan. Indicó que se actúa en el ánimo de no afectar la honra de la nación como producto de este "irresponsable y espurio" acto del Ministerio Público.
Órdenes de captura contra colombianos
La orden de detención contra los dos funcionarios colombianos fue emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, que dio luz verde a la solicitud de detención contra Camargo y Velásquez planteada por el Ministerio Público por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.
Según el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, cuando Velásquez estuvo al frente de la Cicig, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht en 2017.
